El término «crisis de los 40» comenzó a circular en la década de 1960 para describir una etapa de ansiedad y replanteamiento vital
El término «crisis de los 40» comenzó a circular en la década de 1960 para describir una etapa de ansiedad y replanteamiento vital
La crisis de los 40 hizo correr ríos de tinta y múltiples estudios para tratar de explicarla, con poco éxito. La crisis de los 40 afectaba a hombres en una época de la vida en que estos sentían que estaban en una fase de estancamiento laboral y social valorando el tipo de vida que la persona llevaba a esa edad y lo contrastaba con sus expectativas de juventud. Era una situación personal.
En el momento actual, en un mundo que es el resultado de cambios profundos y complejos, acontecidos principalmente en el plano económico, político y social, tanto a causa de la globalización, como de la crisis económica y la amplia utilización y repercusión de las redes sociales, nos encontramos con una situación que da lugar a que las personas de diversos ámbitos y categorías sociales se sientan marginadas, esta es la situación que tenemos que comprender para entender a las sociedades contemporáneas y sus pulsiones y crisis.
Es aquí donde se inserta la llamada «crisis de los 30». ¿Qué sucedía cuando un individuo llegaba a los 30? Como norma general, tenía un buen trabajo y pareja, y estaba pensando en comprarse una casa y formar una familia. Sin embargo, en la actualidad los treintañeros no pueden comprarse una casa, no pueden permitirse tener un bebé, no pueden tener una vida plena y aquí se inserta una crisis existencial por seguir viviendo del sueldo de una nómina insuficiente.
Las personas de 30 años no pueden permitirse una vivienda. No pueden permitirse un bebé (las mujeres suelen preocuparse más del hecho de la posibilidad de no tener hijos) no pueden hacer una vida de clase media y se siente frustrados y marginados por una sociedad que los excluye. ¿Por qué se da esta situación en las sociedades europeas y la española?
Esta situación es un fenómeno estructural que afecta a gran parte de Europa y que en España se manifiesta con especial gravedad. No se trata de una percepción subjetiva de frustración, sino de un bloqueo material real, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal dique que impide a los treintañeros alcanzar las etapas vitales que sus padres dieron por sentadas como eran independizarse, tener hijos, en definitiva, formar un hogar.
La causa central es la desconexión entre los salarios y los precios de la vivienda, agravada por un mercado laboral precario y una oferta de viviendas insuficiente.
El muro infranqueable de la vivienda en propiedad hace que la mitad de las personas se vean obligados a alquilar porque no pueden permitirse comprar. El encarecimiento de la vivienda es el factor más determinante. En la última década, los precios han crecido a un ritmo muy superior al de los salarios.
Desde 2010, los precios de la vivienda en la Unión Europea han subido más del 55% y los alquileres un 27%. En muchas capitales, la relación entre el coste de la vivienda y los ingresos juveniles se ha roto, obligando a los jóvenes a destinar entre el 60% y el 70% de su salario al alquiler, muy por encima del 30% que es el considerado sostenible.
En España hay 2,7 millones de jóvenes de entre 25 y 29 años de los que el 80% no están emancipados. La situación es la más extrema de la UE porque el precio del alquiler ha subido cerca de un 90% en la última década. Según el Consejo de la Juventud de España, un joven tendría que destinar el 102,3% de su salario medio para pagar un alquiler en solitario. Esto ha llevado a que solo el 14,8% de los jóvenes españoles esté emancipado lo que es la mitad de lo que había en 2008.
Por otra parte, opera la trampa del ahorro por la que muchos jóvenes pagan más de alquiler de lo que les costaría una hipoteca, pero no pueden comprar un piso porque no tienen el ahorro previo para la entrada que suele suponer entre 20-30% del valor del piso contando los impuestos. El alquiler les impide ahorrar, y sin ahorro no pueden salir del alquiler.
España ha demostrado su capacidad para crear empleo y superar crisis recientes. Sin embargo, sin una mejora sostenida del poder adquisitivo, las desigualdades no se reducen y la cohesión social puede verse afectada. Tener un empleo ya no garantiza la independencia. Aunque las tasas de temporalidad han bajado en los últimos años, la calidad del empleo juvenil sigue siendo baja.
Los salarios son insuficientesen España, el salario medio de los menores de 35 años ronda los 14.293 euros brutos anuales. Con esa renta, es materialmente imposible afrontar los precios de mercado de la vivienda en solitario. La precariedad y la incertidumbre laboral retrasan decisiones a largo plazo. Los jóvenes a menudo posponen la emancipación, la maternidad y paternidad porque no tienen la estabilidad económica para sostenerlas.
Independizarse en España se ha convertido en una carrera sin fin que, para la mayoría, llega cada vez más tarde. Mientras que en el resto de Europa la media de emancipación ronda los 26 años, aquí los jóvenes no suelen dar el paso hasta pasados los 30. Solo el 15% de los menores de 30 años llega a emanciparse.
La tasa de empleo juvenil en España que es del 58,2% es inferior a la media comunitaria que alcanza los 65,5%, lo que reduce la base económica de este colectivo.
Esta exclusión de la propiedad de una vivienda tiene consecuencias directas en la demografía y en la salud mental, generando la sensación de marginación.
Los jóvenes españoles aspiran a tener una media de 2,5 hijos, pero la precariedad habitacional reduce la realidad a 1,1 hijos. Sin un hogar estable, la formación de una familia se vuelve imposible. En España, la edad media de emancipación ha superado los 30 años (30,2 años), frente a los 26,3 de media en la UE. Esto significa que muchos treintañeros viven con sus padres o compartiendo piso no por elección, sino por necesidad.
La imposibilidad de participar en la vida social y económica normal, por vivir solo, no poder formar una familia, o reducir el consumo de bienes y servicios, genera frustración y desconfianza hacia las instituciones. El 27% de los jóvenes españoles de 16 a 29 años está en riesgo de pobreza o exclusión social.
El problema no es solo que los precios suban, sino que hay muy poca vivienda disponible para la demanda existente. El Banco de España calcula que el país afronta un déficit de 700.000 hogares. La construcción no ha recuperado los niveles previos a la burbuja, y la burocracia y la falta de suelo dificultan la creación de nueva oferta[viii] teniendo en cuenta que son los ayuntamientos los que tienen el suelo y los que lo tienen que liberar para que se construyan viviendas para alquiler social. El aumento de la inmigración y el auge de los alquileres turísticos de corta duración han incrementado la demanda en las zonas con más oportunidades de empleo, expulsando a los residentes locales como en Málaga.
En España, muchos propietarios no sacan sus pisos al mercado de alquiler por miedo a la okupación, pero la ocupación en sentido estricto sigue disminuyendo, aunque por otra parte aumentan los impagos prolongados por la carencia de la vida.
En conclusión, la exclusión de los treintañeros no es un fallo individual ni una falta de esfuerzo, sino el resultado de un modelo económico y de políticas de vivienda que han priorizado la rentabilidad del activo sobre el derecho a un hogar. Esto ha creado una brecha generacional ya que mientras que las generaciones de los mayores se benefician de la revalorización de sus propiedades, los jóvenes quedan fuera del mercado viendo cómo sus proyectos de vida se posponen indefinidamente.
Las protestas no fueron un hecho aislado, sino que escalaron rápidamente en intensidad y alcance. La noche previa al desahucio, decenas de personas se concentraron frente a la vivienda de Mari Carmen, convocadas por el Sindicato de Inquilinas y colectivos del barrio de Retiro, en un intento por frenar la orden judicial. A pesar de que el desahucio se ejecutó, esta acción sentó las bases de la resistencia.
Tras el desalojo, la indignación se desbordó. Miles de personas se manifestaron espontáneamente por el centro de Madrid, algunas concentrándose frente a un ático de 6,3 millones de € que la Comunidad de Madrid compró para Ayuso en la calle Martínez Campos. Esa misma noche, centenares de personas comenzaron a acampar en la Puerta del Sol, que se convirtió en el epicentro de la protesta, con asambleas y actividades reivindicativas constantes.
El movimiento no se limitó a Madrid. Surgieron acampadas y movilizaciones en plazas de otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, demostrando que el problema de la vivienda era una preocupación nacional.
El fallecimiento de Maricarmen el 7 de octubre, tras dos semanas hospitalizada, lejos de apagar las protestas, las avivó. La acampada en Sol se convirtió en un velatorio y se convocaron nuevas marchas y homenajes en todo el país, reforzando el clamor por «una vivienda digna» y el lema «no son desahucios, son asesinatos».
El liderazgo de estas movilizaciones recayó principalmente en organizaciones de la sociedad civil especializadas en el derecho a la vivienda como el Sindicato de Inquilinas que fue el actor central y el principal convocante. Organizó las primeras concentraciones, la acampada en la Puerta del Sol y las posteriores marchas y homenajes. Se convirtió en el portavoz de las demandas del movimiento.
Aunque el Sindicato de Inquilinas lideró la acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fue un referente clave. Su abogada fue la defensora de Mari Carmen y la organización lamentó su muerte, calificándola de «asesinato» y vinculando su fallecimiento directamente al desahucio. La PAH ha seguido utilizando el caso para impulsar la aplicación de los nuevos decretos y ha anunciado que mantendrá viva su memoria en la lucha contra los desahucios.
Los Colectivos Vecinales y ciudadanía como los colectivos del barrio de Retiro y la ciudadanía en general, que se autoconvocó a través de redes y contactos personales, fueron la base de las masivas manifestaciones espontáneas. Todo ello dio lugar a Consecuencias Sociales y Políticas.
La presión social llevó al Gobierno a aprobar dos Reales Decretos-ley de vivienda. El primero de ellos, bautizado popularmente como «Decreto Maricarmen» (10), incluía medidas como la moratoria de desahucios para personas vulnerables hasta 2030 y topes al alquiler.
Estos decretos fueron posteriormente tumbados en el Congreso por los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN. Este rechazo provocó una crisis política que llevó al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar un adelanto electoral para el 29 de noviembre.
Como consecuencia de la frustración política y la persistencia del problema, el Sindicato de Inquilinas y la PAH anunciaron la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre, con el objetivo de seguir presionando por el derecho a la vivienda. Está convocatoria fue secundada por los sindicatos CCOO y UGT.
El caso Maricarmen visibilizó la crisis habitacional y la acción de los fondos buitre, situando el problema de la vivienda en el centro del debate público y político. Se convirtió en un símbolo que, como señalaron diversos análisis, podría reconfigurar la movilización social en España (11, 12). El desahucio de Mari Carmen no solo desencadenó una ola de protestas, sino que articuló un movimiento social que logró influir en la agenda legislativa, provocar una crisis de gobierno y convocar una huelga general, demostrando el poder de la acción colectiva frente a las políticas de vivienda.
Tras el caso de Maricarmen, el debate político y social se intensificó, revelando una compleja división de competencias y un agudo enfrentamiento partidista sobre cómo abordar la crisis de la vivienda.
La votación de los dos Reales Decretos-ley de vivienda en el Congreso, diseñados para abordar la crisis tras el caso Maricarmen, evidenció una clara fractura política. El primer decreto, que incluía medidas clave como la suspensión de desahucios para hogares vulnerables hasta 2030 y el límite del 2% a la subida de alquileres, fue rechazado. La votación se saldó con 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo decreto, más centrado en la prórroga de contratos, corrió peor suerte con 166 a favor y 184 en contra.
En el Congreso de los Diputados el posicionamiento de los grupos fue que a favor de los decretos votaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís. Sumar, socio de gobierno, fue un actor clave que presionó activamente para que se aprobara un decreto «íntegro» y no medidas «parciales o descafeinadas». Para esta formación, la vivienda se convirtió en «el asunto central de este momento político».
Por otra parte, en contra de los decretos se posicionaron PP, Vox, Junts y UPN. PP y Vox justificaron su rechazo argumentando que las medidas de control de precios podrían «disminuir las viviendas del mercado de alquiler» y que la solución real pasa por construir más vivienda, olvidando que las competencias en materia de vivienda son de las CCAA y que en todas las que gobierna el PP se bloquea su construcción.
El voto negativo de Junts fue decisivo. La formación catalana calificó el texto de «engaño» y consideró que no resolvía los problemas de fondo.
Para entender la situación de bloqueo en la construcción de viviendas para alquiler a precios razonables hay que analizar cuáles son las competencias en materia de vivienda ya que estas competencias recaen en las Comunidades Autónomas en su mayoría gobernadas por el PP
La Constitución Española establece un reparto competencial que, a menudo, genera tensiones. La clave está en el artículo 148.1. 3ª, que permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias exclusivas en «Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda». En efecto, todas las CCAA han asumido esta competencia, siendo las principales responsables de desarrollar su propia política de vivienda.
Sin embargo, el Estado central también tiene un papel fundamental a través de su competencia sobre las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (art. 149.1.13ª CE). Esto le permite ejercer actividades de fomento y establecer marcos generales, como los Planes Estatales de Vivienda, para orientar las políticas autonómicas.
Este equilibrio es fuente de conflicto. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, argumentando que invade sus competencias. Por el contrario, el Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Vivienda estatal, señalando que respeta la organización autonómica del Estado.
A pesar del bloqueo parlamentario de los decretos, tanto el Gobierno central como las CCAA han impulsado diversas medidas, muchas canalizadas a través de fondos estatales.
El Gobierno ha destinado 180 millones de euros en subvenciones directas a las CCAA condicionado a que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. El objetivo es que estas regiones incrementen la oferta de vivienda asequible y reduzcan los precios del alquiler en un total de 317 municipios. Los fondos se reparten de forma objetiva de la siguiente manera:
Catalunya: 119,4 millones € para 271 municipios. Euskadi: 31 millones € para 18 municipios. Navarra: 13,3 millones de euros, 21 municipios. Galicia: 10,2 millones € para A Coruña y Santiago. Asturias: 5,9 millones € para 5 municipios.
Además, el principal instrumento de financiación para paliar el déficit de vivienda de alquiler es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El plan prevé movilizar 7.000 millones de euros en cinco años, con una aportación del Estado de 4.200 millones (60%) y un mínimo de 2.800 millones por parte de las CCAA (40%). Sus objetivos incluyen la promoción directa de vivienda en alquiler social o asequible sobre suelo público y ayudas a la emancipación de jóvenes en municipios pequeños.
Por otra parte, otras líneas de actuación incluyen otros 90 millones de euros adicionales para reforzar a las CCAA con zonas tensionadas y 45 millones para la creación de unas 2.000 plazas en alojamientos universitarios asequibles.
En resumen, el caso Maricarmen, ver a una anciana vulnerable de 87 años salir en camilla de su hogar de toda la vida y ser trasladada en una ambulancia, funcionó como una fuerte “chispa” visual que desató una inmediata respuesta en redes sociales y medios de comunicación. No solo puso de manifiesto la crisis habitacional, sino que también expuso la compleja maraña de competencias y la profunda división política a la hora de legislar sobre la vivienda en España. Mientras el Estado central y algunas CCAA impulsan medidas de choque y financiación, la oposición de otros partidos y comunidades bloquea o disputa las iniciativas, dejando un panorama de soluciones fragmentadas y en constante tensión política.
[i] Los jóvenes frente al muro del alquiler en España. La mayoría de los menores de 30 años no gana lo suficiente para pagarse una casa. https://www.rtve.es/noticias/20261002/jovenes-frente-muro-alquiler-espana/17249841.shtml?origen=app_movil
[ii] Radiografía de la juventud: precariedad laboral, incertidumbre económica y crisis de vivienda. Más de dos millones de personas entre 16 y 29 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España. https://www.publico.es/sociedad/radiografia-juventud-precariedad-laboral-incertidumbre-economica-crisis-vivienda.html
[iii] Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda: «Los menores de 40 pagan más de alquiler de lo que pagarían de hipoteca» http://www.lideractual.es/finanzas/gonzalo-bernardos-economista-sobre-la-vivienda-los-menores-de-40-pagan-mas-de-alquiler-de-lo-que-pagarian-de-hipoteca_13081
[iv] El dato que explica por qué tantos jóvenes no pueden comprar casa. El alquiler medio analizado alcanza los 962 euros mensuales, frente a una cuota hipotecaria de 778 euros, pero la falta de ahorro para afrontar la entrada mantiene a miles de jóvenes atrapados fuera de la propiedad. https://www.negocios.com/vivienda/dato-que-explica-que-tantos-jovenes-pueden-comprar-casa/20260916070827493892.html
[v] El precio de emanciparse. España lleva demasiado tiempo tratando esta anomalía como si fuera inevitable. La emancipación juvenil vuelve a retrasarse en Europa, pero en España esa demora se dobla. https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2026/09/15/6aa9af41e9cf4af50a8b457d.html?utm_source=periódicosaliazon&utm_medium=widget&utm_campaign=elmundo.es_opinion#1
[vi] Proyectos de vida en pausa: cómo la falta de vivienda reduce la natalidad. https://www.rtve.es/play/videos/rtve-instituto/proyectos-vida-pausa-falta-vivienda-reduce-natalidad/16912434/
[vii] La crisis de la vivienda hunde la emancipación juvenil hasta su peor dato de la historia. La tasa de emancipación juvenil se sitúa en apenas el 14,5%, el mínimo histórico desde que se tiene registro. La edad estimada para poder independizarse alcanza ya los 30,2 años. https://www.publico.es/sociedad/crisis-vivienda-hunde-emancipacion-juvenil-peor-dato-historia.html
[viii] «¿Dónde voy a ir?», la crisis de la vivienda en España trunca proyectos de vida. https://www.swissinfo.ch/spa/%22dónde-voy-a-ir%3f%22%2c-la-crisis-de-la-vivienda-en-españa-trunca-proyectos-de-vida/92221647#mega-menu-panel#1
9. Del desahucio de Maricarmen al estallido de las protestas y el fin de la legislatura. https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/10/07/del-desahucio-de-maricarmen-al-estallido-de-las-protestas-y-el-fin-de-la-legislatura/#1
10. Decreto Maricarmen. https://www.rtve.es/temas/decreto-maricarmen/1031273/2/
11. El desahucio de Maricarmen provoca una conmoción social y política. Miles de personas cortan las calles de Madrid en una manifestación espontánea que comenzó frente al ático que compró (para Ayuso) la Comunidad de Madrid en Chamberí. https://elpais.com/espana/madrid/2026-09-23/cientos-de-personas-cortan-el-centro-de-madrid-frente-al-atico-de-ayuso-tras-el-desahucio-de-maricarmen.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tw#1
12. Maricarmen y su desahucio ¿la “chispa” que necesitan las izquierdas para recuperar la calle? https://www.publico.es/politica/maricarmen-desahucio-chispa-necesitan-izquierdas-recuperar-calle.html?utm_source=Bluesky&utm_medium=social&utm_campaign=web&via=publico_es
13. El caso de Maricarmen y la Crisis de la Vivienda. https://politico.es/el-caso-de-maricarmen-desahucios/
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