La cumbre climática de Antalya terminó sin acuerdo tras dos días de prórroga. España se sumó al rechazo europeo a un pacto que omitía toda referencia a los combustibles fósiles
La cumbre climática de Antalya terminó sin acuerdo tras dos días de prórroga. España se sumó al rechazo europeo a un pacto que omitía toda referencia a los combustibles fósiles

La cumbre del clima de Antalya ha terminado como empezó a torcerse: sin una sola palabra sobre lo que calienta el planeta. Tras dos días de prórroga, la presidencia turco-australiana presentó un «Pacto de Antalya» que no nombraba los combustibles fósiles. La Unión Europea, con España dentro, se negó a firmarlo, y el presidente de la COP31, Murat Kurum, tuvo que admitir en el plenario que no había consenso. Es la primera vez desde Copenhague que una cumbre del clima se va sin acuerdo después de agotar la prórroga.
Decepción sí, pero no parálisis, porque mientras en Turquía se discutía si se podían escribir dos palabras, en España se aprobaban leyes.
El bloqueo ha tenido nombre y apellidos: los combustibles fósiles. Hace tres años, en Dubái, el mundo acordó por primera vez abandonarlos. En Antalya se trataba de concretar cómo. Arabia Saudí, con el respaldo de Rusia, se ha opuesto de principio a fin a cualquier texto que hablara de dejarlos atrás y, a cambio, ha reclamado apostar por la captura de carbono, la tecnología que permite seguir extrayendo. Enfrente, más de un centenar de países —Europa, los Estados insulares, buena parte de América Latina— exigían lo contrario.
El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, lo resumió con una frase que ha recorrido la cumbre: la COP está secuestrada por la «mafia del petróleo». Y no solo por Riad. Las propias presidencias tenían intereses en juego: Turquía anunció nuevos yacimientos petrolíferos en plena cumbre, y Australia, gran exportador de carbón y gas, prefirió una negociación discreta que evitara nombrar los fósiles. El resultado fue un texto que intentaba contentar a todos y no convenció a nadie.
Conviene, eso sí, no meter a todos los que frenan en el mismo saco. Rusia ha jugado al lado de Arabia Saudí porque su economía y su poder dependen de vender petróleo y gas. China es otra cosa: se resiste a que le impongan objetivos desde fuera y recuerda que los países ricos no cumplieron sus promesas, pero ha respaldado en Antalya la electrificación de la economía mundial. Rusia defiende el negocio del pasado y China, que fabrica la mayor parte de los paneles, baterías y coches eléctricos del planeta, se ha asegurado el del futuro.
En las cumbres del clima manda el consenso: basta un país para frenar un texto, y el resultado suele ser el mínimo común denominador. Esta vez ese mínimo era tan bajo que Europa prefirió no firmarlo, y España, con ella. La vicepresidenta Sara Aagesen lo explicó sin rodeos: «La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el Acuerdo de París. El multilateralismo es la mejor herramienta para actuar a tiempo. La COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace». Y remató: «Junto a la UE, rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo».
El texto, añadió, se limitaba a repetir compromisos ya acordados sin cerrar la brecha entre la realidad y lo que exige la ciencia. Y ahí está la clave política de este no: España no rechaza el multilateralismo, lo defiende. Decir no a un mal acuerdo es la forma de proteger un sistema que, si se conforma con cualquier cosa, deja de servir para algo. En un mundo en el que Estados Unidos ha abandonado la mesa y los petroestados intentan vaciarla, que Europa se plante es también una señal de que todavía hay quien se toma en serio las reglas comunes.
España llegó a Antalya con una posición clara y la ha mantenido hasta el final. En palabras de Aagesen, «defendió el abandono de los combustibles fósiles acelerando la electrificación basada en renovables, así como la adaptación y la financiación climática, especialmente para los más vulnerables». Firmó la carta de Francia y Panamá que exigía nombrar los fósiles, se sumó al grupo de países que preparan sus propias hojas de ruta para dejar atrás el petróleo y el gas, y aumentó su aportación a los fondos de adaptación y de pérdidas y daños. Mejor ningún pacto que uno que blanquea los fósiles.
La credibilidad en una COP no se gana en el plenario, sino en casa. «España lidera con el ejemplo», recordaba Aagesen tras el portazo de Antalya, «apostando por la descarbonización y lo que significa: responsabilidad, competitividad y seguridad». Y esta semana, mientras Antalya se atascaba, España ha seguido avanzando.
Prepararse para lo que ya está llegando. El Gobierno ha aprobado el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, publicado en el BOE el 19 de noviembre. Es la hoja de ruta de los próximos cinco años: 187 medidas en 18 ámbitos, de la salud al agua, la agricultura o las ciudades, en las que se implican 19 ministerios y que han recogido más de mil propuestas. Se basa en la evaluación científica más completa hecha hasta ahora sobre los riesgos del cambio climático en España y trae novedades concretas, como una red estatal de refugios climáticos para proteger a la población en olas de calor y una plataforma de servicios climáticos para anticipar riesgos. En palabras de Aagesen, se trata de pasar de una cultura de reacción a una cultura de anticipación. Mientras en Turquía desaparecía el dinero para adaptación, España fijaba su plan.
Que la economía digital no la paguen los demás. El Consejo de Ministros del viernes aprobó el real decreto de sostenibilidad de los centros de datos, la nueva industria pesada de la era de la inteligencia artificial. Los de más de 10 megavatios tendrán que demostrar que el 80% de la electricidad que consumen es renovable, hora a hora y con energía nueva que se sume al sistema, y cumplir límites estrictos de consumo de agua y de eficiencia. Quien incumpla podrá perder durante tres años su derecho de acceso a la red. Sin estas reglas, según el Gobierno, la factura de todos los consumidores habría soportado un impacto de unos 5.000 millones de euros.
Más renovables y una industria que deje el gas. Ese mismo día se aprobó otro real decreto que permite renovar los parques eólicos de más de quince años y ampliar su potencia hasta un 25% sin ocupar más territorio; reserva capacidad de red para que las fábricas generen su propia electricidad y para el hidrógeno y los gases renovables, de modo que a la industria le salga a cuenta electrificarse en lugar de quemar gas; impulsa el almacenamiento con centrales de bombeo y termosolares, y obliga a que la factura del gas informe de su origen y de su impacto ambiental.
La red que necesita la transición. También el viernes se aprobó la planificación de la red eléctrica hasta 2030, la mayor inversión de nuestra historia: 17.142 millones de euros, más del doble que la anterior. Supone construir 6.707 kilómetros de nuevas líneas, reforzar otros 8.164 y levantar 193 subestaciones. Con ella se podrán conectar 47 gigavatios de nueva demanda —industria, vivienda, hidrógeno, coches eléctricos—, un 50% más que el consumo actual; integrar las renovables previstas para 2030 y dar servicio a tres millones de viviendas que se calienten y cocinen con electricidad. El Gobierno calcula un ahorro de más de 3.500 millones de euros al año.
Y que contaminar cueste, sin dejar a nadie atrás. El mismo Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley que incorpora a la ley española el nuevo mercado europeo de emisiones para edificios y transporte por carretera, que extiende el principio de «quien contamina paga» a los combustibles de calefacciones y vehículos. No impone obligaciones directas a los consumidores, sino a quienes venden el combustible. Y abre la puerta a más de 6.800 millones de euros de fondos europeos para el Fondo Social para el Clima, un fondo de unos 9.000 millones para ayudar a los hogares vulnerables con la vivienda y el transporte. «Una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables», en palabras de Aagesen.
Es exactamente lo que España defendía en Antalya, convertido en Boletín Oficial del Estado.
Hay una silla vacía en Antalya que lo explica casi todo: la de Estados Unidos. Donald Trump no ha enviado a nadie a la cumbre y niega abiertamente la ciencia del clima. Pero su política sí se ha notado. La guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas del mundo, han disparado el precio de los hidrocarburos en todo el planeta. Una decisión tomada en Washington y respondida en Teherán ha acabado en la gasolinera y en la factura de millones de familias que nada tienen que ver con esa guerra.
Esa es la lección que Antalya no ha querido escribir: depender del petróleo y del gas no es solo un problema climático, es una debilidad estratégica. Quien importa sus combustibles importa también las guerras, los chantajes y los vaivenes de otros. Los petroestados que han bloqueado la cumbre defienden su negocio; los países que les compramos pagamos el precio, en dinero y en soberanía.
España lo ha comprobado este año. Gracias a todo lo que han crecido el sol y el viento, su factura de la luz ha resistido el golpe de Ormuz mucho mejor que la de otros países europeos más dependientes del gas. No la ha hecho inmune: cuando no hay sol ni viento, el gas sigue marcando el precio. Por eso el camino no es frenar, sino acelerar: más renovables, más almacenamiento y más red, justo lo que se ha aprobado esta semana. En un mundo de guerras, aranceles y estrechos cerrados, el sol, el viento y las redes ya no son solo política energética. Son seguridad nacional.
Lo ha dicho en Antalya Tzeporah Berman, impulsora del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles: no se puede abandonar algo mientras se sigue construyendo más de ello. Si la regla del consenso permite que un puñado de petroestados bloquee la decisión de casi doscientos países, la respuesta no puede ser rebajar la ambición hasta que nadie se oponga. Tiene que ser que quienes sí quieren avanzar lo hagan juntos, con sus propias reglas y calendarios, sin esperar permiso de quien vive de vender el problema.
España no se levanta de la mesa: seguirá, como ha prometido Aagesen, «trabajando con la UE en todos los espacios de negociación para dar respuesta a la emergencia climática». Pero tampoco se queda esperando. Turquía nos deja una decepción. España, una ruta. La transición no se negocia solo en las salas de una cumbre: se construye en casa, ley a ley. Y España no espera.
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Ángel Martínez es experto en geopolítica y asesor en el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.
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