Haití y El Salvador se han encontrado en Croix-des-Bouquets. Uno muestra lo que ocurre cuando el Estado desaparece; el otro, lo que ocurre cuando el Estado deja de tener límites
Haití y El Salvador se han encontrado en Croix-des-Bouquets. Uno muestra lo que ocurre cuando el Estado desaparece; el otro, lo que ocurre cuando el Estado deja de tener límites
El 18 de octubre, hombres armados emboscaron un blindado de la fuerza internacional que apoya a la policía haitiana. Ocurrió en Croix-des-Bouquets, a las puertas de Puerto Príncipe, y cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron. Nayib Bukele respondió con una amenaza en criollo haitiano y el envío de más de 2.000 soldados; el 2 de noviembre lanzaron su primera ofensiva terrestre contra las bandas de la zona.
La escena tiene algo de experimento de laboratorio. En las mismas calles se cruzan los dos polos entre los que oscila hoy buena parte de América Latina: un territorio donde el Estado ha desaparecido y un Estado que ha decidido no tener límites. Conviene mirarlos juntos, porque vistos desde la libertad del ciudadano corriente se parecen mucho más de lo que sus partidarios admiten.
Haití es lo que queda cuando el Estado se retira. La ONU contabilizó 1.123 muertos por la violencia de las bandas solo entre julio y principios de octubre, y 689 víctimas de violación en julio y agosto. Hay casi 1,5 millones de desplazados, el 12% de la población, y 5,94 millones de personas en hambre aguda.
Allí nadie necesita suspender garantías ni cerrar periódicos: basta un fusil en un cruce de caminos. Las bandas cobran peaje en las carreteras, cierran escuelas y reclutan niños; según la ONU, entre el 30% y el 50% de sus integrantes son menores. Moverse, trabajar, estudiar u opinar depende del humor de quien controla el barrio.
Tampoco queda la libertad política. Haití no vota desde 2016 y acaba de aplazar otra vez sus elecciones, ahora a julio de 2027; de 6,5 millones de ciudadanos con documento para inscribirse, menos de 900.000 lo habían hecho. Es el mundo que Hobbes describió en 1651: sin un poder común, la vida del hombre es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve».
El Salvador ha recorrido el camino inverso. En 2015 registró 6.656 asesinatos, una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes; en 2025, según el Gobierno, fueron 82. Aunque el logro sea real, y explica por qué medio continente mira a Bukele con cierto interés, no parece que sea el mejor modelo a seguir, al menos desde los Derechos Humanos.
Pero conviene leer la factura. El régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022 y prorrogado más de cincuenta veces, permite detener sin orden judicial. Bajo él, un detenido puede no saber de qué se le acusa ni ver a un abogado, la policía puede intervenir teléfonos sin permiso de un juez y la espera hasta la primera audiencia se estira de tres días a quince.
Las propias autoridades cifran en más de 90.000 los detenidos. Amnistía Internacional ha documentado al menos 470 muertes bajo custodia y habla de posibles crímenes de lesa humanidad. La ONG Socorro Jurídico Humanitario eleva la cuenta a 554 y sostiene que el 94% de los fallecidos no tenía perfil de pandillero.
La factura política no es menor. Bukele fue reelegido en 2024 con el 82,8% de los votos pese a que la Constitución lo prohibía expresamente; en julio de 2025, su mayoría aprobó la reelección indefinida, amplió el mandato a seis años y suprimió la segunda vuelta. La Ley de Agentes Extranjeros grava con un 30% la financiación exterior; Cristosal, la principal organización de derechos humanos del país, trabaja desde el exilio, y RSF contó 53 periodistas exiliados en solo seis meses.
John Locke vio la trampa en 1689: es como si los hombres se cuidaran de los daños que puedan hacerles los turones o los zorros, pero se contentaran —y hasta lo llamaran seguridad— con ser devorados por leones.
No hace falta zanjar si El Salvador es ya una dictadura —sus críticos lo afirman; la mayoría de sus votantes, no— para ver lo que comparten ambos polos. La tradición republicana, de Maquiavelo a Philip Pettit, entiende la libertad como ausencia de dominación: no depender de la voluntad arbitraria de nadie. Un esclavo con un amo benévolo sigue siendo un esclavo.
Con esa vara, el vecino de Croix-des-Bouquets y el de un barrio humilde de San Salvador tienen más en común de lo que sugieren las cifras de homicidios. El primero vive a merced del jefe de banda que controla el peaje; el segundo, a merced de un agente que puede detenerlo sin orden judicial. Ninguno de los dos tiene un juez independiente al que acudir ni una prensa libre que cuente su caso.
Haití no vota; El Salvador sí, pero con las instituciones alineadas con el Ejecutivo y la reelección sin límite, el voto se parece más a una ratificación que a un freno.
La gran diferencia es el orden, y no es menor. Pero el orden no es libertad: es la previsibilidad de la obediencia. En el vacío nadie garantiza los derechos; bajo el poder sin límites, quien debería garantizarlos es quien los suspende. En ambos casos, el ciudadano no tiene derechos, sino permisos.
Daron Acemoglu y James Robinson, premios Nobel de Economía en 2024, dieron forma a esta intuición en El pasillo estrecho (2019). Distinguen tres Leviatanes: el ausente, incapaz de imponer ninguna ley; el despótico, que la impone sin que nadie lo controle; y el encadenado, un Estado fuerte sujeto a una sociedad igual de fuerte. La libertad solo florece en este último.
Elaboración propia a partir de Acemoglu y Robinson, El pasillo estrecho (2019). La posición de cada país es ilustrativa.
Haití es el Leviatán ausente casi en estado puro. El Salvador ha saltado en una década de un extremo al otro: de un país donde, según su propio Gobierno, las pandillas operaban en el 90% del territorio, a un poder sin contrapesos. Ha cambiado de orilla sin detenerse en el pasillo.
El pasillo es estrecho porque mantenerse en él exige correr sin descanso. Los autores lo llaman efecto Reina Roja, por el personaje de Lewis Carroll que corre para seguir en el mismo sitio: el Estado gana capacidad y la sociedad, a la vez, capacidad para vigilarlo. Si la sociedad se queda atrás, el Estado se vuelve despótico; si es el Estado el que se rezaga, se abre el vacío.
Los dos males no solo se parecen: se alimentan. El vacío haitiano es, en buena parte, herencia de una dictadura. Los Duvalier gobernaron de 1957 a 1986 con un Estado pensado para proteger al dictador, no a los ciudadanos, y con una milicia, los tonton macoutes, dedicada a aterrorizarlos.
Cuando cayeron, dejaron un esqueleto institucional sin músculo, y la política haitiana se acostumbró a usar hombres armados como fuerza de choque. Un panel de expertos de la ONU ha documentado este año los vínculos entre bandas y figuras políticas que durante años las usaron como herramienta de control. El dictador se fue; sus métodos se privatizaron.
El camino inverso está igual de transitado. El vacío fabrica demanda de hombres fuertes: quien ha vivido bajo las bandas acepta casi cualquier precio por dejar de hacerlo. Por eso el modelo Bukele se ha convertido en producto de exportación: en enero, el propio presidente salvadoreño colocó en Costa Rica la primera piedra de una cárcel inspirada en el CECOT.
Y cuando el hombre fuerte se va —todos se van—, deja tras de sí instituciones vaciadas que vuelven a abrir la puerta al desorden. Es un péndulo, no una salida, y cada oscilación se cobra libertades.
La disyuntiva entre seguridad y libertad es falsa, y además peligrosa. Una seguridad que depende de la voluntad de un solo hombre no es un derecho, sino una concesión revocable. Una libertad que nadie garantiza no es libertad, sino intemperie.
La alternativa es menos espectacular que un vídeo de presos rapados o una columna de blindados: policías que investigan, jueces que juzgan, fiscales que no obedecen al presidente y periodistas que pueden publicar sin hacer las maletas. Es lenta, cara y poco fotogénica. Pero es la única fórmula conocida en la que la seguridad no se paga con libertad.
Haití huye de los zorros; El Salvador ya convive con el león. La tarea de una democracia es no tener que elegir entre ellos.
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Ángel Martínez es experto en geopolítica y asesor en el ministerio para la transición ecológica y el reto demografico.
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