El próximo 23 de septiembre Marruecos celebrará elecciones legislativas para renovar los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La campaña electoral se desarrollará entre el 10 y el 22 de septiembre, en un contexto marcado por el creciente protagonismo regional del Reino, la modernización económica, profundas transformaciones sociales y una competición política más abierta de lo previsto entre las principales fuerzas del país.

El resultado determinará la composición del próximo Gobierno, pero debe interpretarse dentro de las características propias del sistema político marroquí. El Parlamento y el Ejecutivo disponen de capacidad política, mientras la monarquía mantiene un papel central en las grandes orientaciones estratégicas del Estado.

Esta particular distribución del poder constituye una de las principales claves del proceso electoral: las urnas pueden modificar el Gobierno, las coaliciones y el equilibrio entre partidos, pero difícilmente alterarán las grandes líneas estratégicas del Reino.

Una sociedad en transformación

Marruecos se ha transformado profundamente durante las últimas décadas. El desarrollo de infraestructuras, la urbanización, la industrialización, las comunicaciones y una creciente proyección hacia África, Europa y el Atlántico están modificando progresivamente su estructura económica y social.

El país tenía oficialmente 36,83 millones de habitantes en el censo de 2024, de los cuales cerca del 63% residían ya en ciudades, pero esa modernización convive con importantes demandas relacionadas con el empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, las desigualdades territoriales, las oportunidades de los jóvenes y la participación política.

Quizá una de las claves para interpretar el Marruecos actual sea que la velocidad del cambio económico y social puede estar siendo superior a la capacidad de adaptación de algunas de sus instituciones.

El desafío consiste en acompasar esa transformación con las expectativas de una sociedad cada vez más urbana, formada, conectada internacionalmente y exigente.

Más de 25 millones podrían potencialmente votar

La demografía electoral constituye probablemente uno de los aspectos más interesantes de estas elecciones. Aunque Marruecos cuenta con casi 37 millones de habitantes y más de 25 millones se encuentran potencialmente en edad electoral, únicamente 15.800.136 personas figuran actualmente inscritas en las listas electorales generales.

La diferencia entre población potencialmente electora y ciudadanos efectivamente inscritos significa que varios millones de marroquíes con edad para votar ni siquiera forman parte del censo electoral.

Este dato obliga a distinguir dos fenómenos diferentes cuando se analiza la participación política marroquí: la abstención de quienes están registrados y deciden no votar y la no inscripción de quienes, pudiendo hacerlo, permanecen fuera del cuerpo electoral.

La verdadera dimensión de la participación política marroquí no puede medirse, por tanto, exclusivamente observando cuántos inscritos acuden finalmente a las urnas.

El desequilibrio resulta todavía más llamativo entre los jóvenes. Los mayores de 60 años representan aproximadamente el 30% de los electores inscritos, mientras que los menores de 35 años suponen únicamente el 18%.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años la diferencia es especialmente significativa: representan solo alrededor del 3% del censo, unos 474.000 inscritos, aunque existirían aproximadamente 3,89 millones de ciudadanos dentro de esa franja de edad con capacidad potencial para registrarse.

Esto significa que las elecciones no solamente medirán qué partidos prefieren los ciudadanos, sino también hasta qué punto el sistema político consigue incorporar a una generación joven que representa una parte fundamental del futuro del país.

La participación juvenil puede convertirse, por tanto, en uno de los indicadores políticos más interesantes del 23 de septiembre.

La monarquía: continuidad histórica y poder político

El sistema político marroquí no puede comprenderse exclusivamente desde parámetros parlamentarios europeos. La institución monárquica y las estructuras históricas asociadas al Majzén preceden ampliamente al Protectorado franco-español y a la independencia de 1956. Marruecos no nació entonces como Estado, sino que recuperó su independencia después de un periodo de tutela colonial sobre estructuras políticas preexistentes.

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Esta continuidad histórica contribuye a explicar la posición central que conserva la Corona en cuestiones fundamentales como defensa, seguridad, política exterior, orientación religiosa y grandes estrategias nacionales.

Por ello, las elecciones pueden modificar gobiernos, coaliciones y equilibrios partidistas, pero previsiblemente no alterarán las principales líneas estratégicas del Reino.

Esta característica introduce una diferencia fundamental respecto a los sistemas parlamentarios europeos: las urnas deciden una parte importante del poder político, pero no su totalidad.

Una competición más abierta de lo previsto

El escenario electoral se ha vuelto más competitivo durante los últimos meses. Los tres partidos que integraron la mayoría gubernamental (RNI, PAM e Istiqlal) continúan siendo los principales aspirantes, pero ninguno parece disponer de una ventaja definitiva.

El RNI mantiene una sólida estructura electoral y territorial; el PAM ha ganado dinamismo político y algunos análisis consideran que puede disputar la primera posición; y el Istiqlal conserva una implantación histórica que lo mantiene entre las principales fuerzas del sistema.

A esta incertidumbre se añade el deterioro de la cohesión de la coalición. El enfrentamiento entre RNI y PAM se hizo público durante agosto, con acusaciones del primero sobre intentos de captación de parlamentarios y dirigentes, rechazadas por el PAM. Una coalición que ha gobernado conjuntamente durante la legislatura llega así a las elecciones inmersa en una intensa competencia interna.

La disputa puede abrir una recomposición significativa del equilibrio entre las principales fuerzas políticas y condicionar las negociaciones para formar Gobierno.

El Partido Justicia y Desarrollo (PJD), tras su fuerte derrota de 2021, tratará de recuperar parte del espacio perdido. Su resultado permitirá medir tanto la capacidad de recuperación del islamismo político como la posibilidad de canalizar una parte del voto de protesta.

En un Parlamento previsiblemente fragmentado, fuerzas como USFP, PPS, Movimiento Popular o Unión Constitucional podrían adquirir además una importancia considerable en la formación de futuras mayorías.

Aunque las elecciones estarán dominadas fundamentalmente por cuestiones nacionales y locales, el Sáhara Occidental constituye una dimensión específica del proceso. En las regiones meridionales se está desarrollando una intensa competición entre RNI, PAM e Istiqlal. En las dos regiones saharianas están en juego 13 escaños, pero su importancia política supera ampliamente ese número por la vinculación existente entre representación territorial y la estrategia marroquí sobre la autonomía del territorio.

El resultado en estas circunscripciones tendrá, por ello, una dimensión que trasciende estrictamente la aritmética parlamentaria.

Una elección nacional con dimensión geopolítica

Las elecciones se celebran además cuando Marruecos atraviesa una fase de importante proyección exterior. Rabat aspira a consolidarse como potencia regional, plataforma industrial y logística entre Europa y África, socio estratégico de Estados Unidos y actor relevante en el Atlántico y el Mediterráneo.

La política sobre el Sáhara Occidental, la modernización militar, la cooperación con Estados Unidos, las relaciones con la Unión Europea y la creciente presencia económica y diplomática en África forman parte de estrategias de Estado que previsiblemente continuarán independientemente de la coalición que resulte de las elecciones.

Por ello, el verdadero interés geopolítico del proceso no reside tanto en esperar un cambio radical de política exterior como en conocer qué Gobierno acompañará durante los próximos años esa estrategia.

España y la Unión Europea

Para España y la Unión Europea, el desafío ya no consiste únicamente en gestionar las crisis con Marruecos, sino en construir una relación de futuro entre ambas orillas basada en intereses compartidos. Migración, seguridad, energía, comercio, infraestructuras, formación, inversión, transición tecnológica y desarrollo africano convierten esta relación en una cuestión estratégica de largo plazo.

La estabilidad del Mediterráneo occidental dependerá cada vez más de la capacidad de Europa y Marruecos para sustituir una lógica reactiva, centrada en episodios de tensión, por otra de cooperación estructural. España puede desempeñar en ese proceso un papel especialmente relevante como puente político, económico y social entre la Unión Europea y el norte de África.

Las diferencias seguirán existiendo (Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, delimitaciones marítimas o determinadas cuestiones migratorias), pero no deberían impedir la construcción de un marco de cooperación más amplio. El objetivo no es eliminar los intereses nacionales, sino hacerlos compatibles allí donde exista un beneficio común.

En este sentido, las elecciones marroquíes interesan a España y a la Unión Europea no solo por el Gobierno que resulte de ellas, sino porque se celebran en un momento en el que ambas orillas necesitan definir qué relación quieren construir durante la próxima década.

La crisis de Ceuta: una sombra sobre las elecciones

Las elecciones se celebrarán también bajo la sombra de la grave crisis fronteriza de Ceuta del 30 de julio. La entrada masiva de decenas de miles de personas desbordó durante horas los dispositivos españoles y abrió una crisis bilateral cuya interpretación continúa siendo objeto de controversia.

La ausencia hasta el momento de una explicación suficientemente clara por parte de Rabat mantiene abiertos importantes interrogantes: qué conocían las autoridades marroquíes sobre los movimientos que se estaban produciendo, qué instrucciones recibieron sus fuerzas de seguridad y por qué los mecanismos preventivos no consiguieron impedir la concentración y posterior desplazamiento de miles de personas hacia Ceuta.

Conviene, sin embargo, separar los hechos comprobados de las hipótesis. Existía una creciente presión migratoria, circulaban convocatorias y rumores a través de las redes sociales y se produjeron importantes movimientos de población en el norte de Marruecos. Lo que todavía no está reconocido públicamente es que la avalancha fuera planificada por el Estado marroquí o que existiera una orden procedente del Palacio Real.

La crisis presenta además una creciente dimensión informativa. Existen indicios de campañas de desinformación, amplificación automatizada y explotación política del acontecimiento desde diferentes ecosistemas digitales. Determinar quién originó la movilización, quién simplemente la amplificó y si existió detrás de ella algún actor estatal constituye todavía una cuestión abierta.

En España, Ceuta ha quedado inmediatamente incorporada a un escenario político extremadamente polarizado. PP y Vox han convertido la gestión de la crisis en un importante elemento de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando tanto la capacidad de anticipación como la respuesta posterior. El Gobierno deberá explicar sus decisiones y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle, pero la complejidad de una crisis de estas características aconseja diferenciar entre responsabilidad política, fallo operativo, fallo de inteligencia y posible acción deliberada.

Una de las cuestiones fundamentales será reconstruir qué información obtuvieron los distintos organismos, cómo fue evaluada, hasta qué nivel fue transmitida y en qué momento una situación inicialmente interpretada como una grave presión migratoria debía haber sido considerada una crisis transversal de Seguridad Nacional.

La información conocida hasta ahora permite plantear una hipótesis que deberá ser contrastada: Ceuta pudo revelar menos una ausencia absoluta de información que un problema de integración, evaluación y escalamiento. Existían señales dispersas; la cuestión es determinar si fueron reunidas a tiempo para formar una imagen estratégica común y facilitar la toma de decisiones dentro del Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis.

La posterior utilización de mecanismos extraordinarios de Seguridad Nacional refuerza la necesidad de analizar retrospectivamente lo ocurrido, pero no demuestra por sí misma que las decisiones anteriores al 30 de julio fueran incorrectas. Para establecerlo sería necesario conocer documentación operativa y de inteligencia que actualmente no pertenece al dominio público.

Cuando la Seguridad Nacional entra en la confrontación política

La crisis de Ceuta plantea también una cuestión que trasciende las responsabilidades concretas de su gestión. En una democracia, el Gobierno debe someter sus decisiones al control parlamentario y explicar sus actuaciones hasta donde permitan la seguridad y la protección de la información clasificada. La oposición, por su parte, tiene el derecho, y la obligación, de exigir responsabilidades.

El problema aparece cuando asuntos que afectan directamente a la Seguridad Nacional dejan de ser objeto de discrepancia política para convertirse en instrumentos permanentes de confrontación partidista y crispación. La política de tierra quemada puede proporcionar réditos inmediatos, pero también deteriorar consensos, instituciones, relaciones internacionales y mecanismos de cooperación que pertenecen al Estado y no al Gobierno que circunstancialmente los administra.

La consecuencia resulta paradójica: quien debilita sistemáticamente esos instrumentos desde la oposición puede necesitarlos mañana desde el Gobierno. Una crisis internacional, un ataque híbrido, una emergencia migratoria o una amenaza contra la integridad territorial no preguntan qué partido está en la Moncloa.

Ceuta debería servir, por tanto, para depurar responsabilidades si las hubiera, corregir posibles fallos de inteligencia, coordinación o decisión y mejorar el Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis. Pero también para recuperar un principio elemental: en Seguridad Nacional, Gobierno y oposición pueden discrepar profundamente sin convertir al propio Estado en terreno de combate político.

Quemar hoy los puentes del adversario puede significar descubrir mañana, desde el Gobierno, que eran los mismos puentes que necesitaba el Estado.

Valoración

Las elecciones del 23 de septiembre deben interpretarse más allá de la competición entre partidos. Marruecos intenta combinar continuidad monárquica, modernización económica, creciente protagonismo internacional y una profunda transformación de su sociedad.

Las urnas permitirán comprobar hasta qué punto esa evolución está siendo acompañada por una mayor participación política. Probablemente, por ello, el dato más significativo de estas elecciones no será únicamente qué partido obtiene más escaños.

La existencia de más de 25 millones de potenciales electores frente a solamente 15,8 millones de inscritos, y especialmente la extraordinariamente baja presencia de los jóvenes entre estos últimos, plantea una cuestión mucho más profunda sobre la capacidad del sistema político para incorporar a las nuevas generaciones.

La crisis de Ceuta introduce, además, una incógnita que trasciende estas elecciones. La relación con España constituye uno de los principales activos estratégicos de Marruecos, pero también una relación sometida periódicamente a tensiones que revelan su extraordinaria interdependencia. Lo ocurrido en julio demuestra hasta qué punto una crisis inicialmente localizada puede adquirir rápidamente dimensión bilateral, europea y de Seguridad Nacional.

Marruecos llega así a las elecciones como un Estado cada vez más ambicioso y fortalecido hacia el exterior, mientras afronta internamente el desafío de conseguir que su transformación económica y estratégica vaya acompañada por una transformación política y social capaz de integrar las expectativas de una población joven, urbana, conectada y cambiante.

El 23 de septiembre sabremos quién ha ganado las elecciones. Quizá resulte todavía más importante saber cuántos marroquíes han decidido participar en ellas.

Epílogo

Marruecos vuelve a las urnas con la mirada puesta en el futuro y las raíces todavía hundidas en su historia.

Entre montañas, ciudades, desierto y mar, un país que cambia busca reconocerse sin dejar de transformarse.

Quizá ahí resida el verdadero sentido de estas elecciones: no solo elegir quién gobierna, sino intuir hacia dónde quiere caminar una sociedad que avanza llevando consigo la memoria de lo que ha sido.

Y mientras suena “Ma Nedikch a l’Vacancia”, una manifestación de energía, Marruecos parece recordar que ningún futuro se construye del todo sin saber de dónde se viene.