Bajo la atenta vigilancia de EEUU, el interinato de Delcy Rodríguez maneja diversos equilibrios con las estructuras de poder

Bajo la atenta vigilancia de EEUU, el interinato de Delcy Rodríguez maneja diversos equilibrios con las estructuras de poder

La Venezuela “post-Maduro” se encamina hacia un nuevo equilibrio de poder. Transcurridos más de 90 días desde la captura del ex presidente Nicolás Maduro, su sucesora y presidenta encargada Delcy Rodríguez parece consolidar su poder bajo la mirada atenta de EEUU, abriendo así un escenario inédito para el país sudamericano y caribeño.
Toda vez domina la incertidumbre en cuanto a la convocatoria de elecciones presidenciales tras este período de “ausencia absoluta” de Maduro, tal y como expresa la Constitución venezolana, el contexto actual aborda una recomposición política del “chavismo post-Maduro” con un marcado perfil tecnócrata, pragmático y menos ideológico.
Si algo ha caracterizado al “chavismo” en sus casi tres décadas en el poder ha sido su capacidad de resiliencia para adaptarse a las nuevas circunstancias en momentos de crisis. Este diagnóstico se confirma tras los dos procesos de sucesión que ha tenido que acometer: la muerte de su principal líder Hugo Chávez en 2013; y la captura forzada de su sucesor Nicolás Maduro por parte de EEUU en 2026.
En ambos procesos han estado presentes dos figuras políticas clave: los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. A sus 56 años, Delcy Rodríguez es actualmente la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, su hermano Jorge (60 años) controla el poder legislativo a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Con anterioridad ambos han ocupado altos cargos en el seno de la estructura de poder en Venezuela.
El súbito ascenso al poder de los hermanos Rodríguez define un cambio de timón dentro de la dirigencia “chavista”. Toda vez Chávez impulsó la Revolución Bolivariana y el Socialismo del Siglo XXI con un fuerte énfasis en el aspecto ideológico y el carisma del líder, su sucesor Maduro apostó por mantener la inercia de ese legado mientras afianzaba la nueva nomenklatura tecnocrática que Delcy y Jorge Rodríguez encarnan ahora como máximos dirigentes del proceso, dictando las pautas del nuevo panorama político venezolano.
No obstante, sus decisiones se observan condicionadas por un incierto “aggiornamento”” con la administración de Donald Trump. Al menos en apariencia, EEUU tutela el futuro del “post-madurismo” a través de una relación directa con aires de protectorado, un clima inédito tomando en cuenta los precedentes de fricciones y tensiones geopolíticas e ideológicas entre ambos países desde la llegada de Chávez al poder en 1999.
Dos herramientas han sido clave en esta estrategia de distensión con Washington: la adopción de una nueva Ley de Hidrocarburos, que permite la apertura del sector energético venezolano y el retorno de las multinacionales e inversiones extranjeras; y la Ley de Amnistía, un mecanismo de reconciliación que puede auspiciar nuevas piezas para el panorama político venezolano, no exentas de tensiones.
Esta ley genera incertidumbre en cuanto a su aplicación. Según informaciones de ONGs de derechos humanos venezolanas, más de 600 personas siguen siendo presos políticos en Venezuela, a la espera de ser beneficiados con esta amnistía.
EEUU apuesta por la vigilancia sobre las nuevas autoridades. En un ejercicio de realpolitik, Washington ha calificado esta nueva relación con Delcy Rodríguez como “productiva y respetuosa”, determinando un nivel de reconocimiento de facto a su legitimidad presidencial.
La administración de Donald Trump ha establecido una “hoja de ruta” para Venezuela basada en tres prioridades: estabilidad y recuperación económica; reconciliación; y transición democrática por la vía electoral. Tras varios años de suspensión, la embajada estadounidense en Caracas retomó sus actividades en febrero pasado con la figura de Laura Dogu como encargada de negocios de EEUU en Venezuela, recientemente sustituida por John Barret, ex embajador en Guatemala. Esta tutela estadounidense se ha fortalecido con las visitas a Caracas de altos cargos como el secretario de Energía Chris Wright; el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EEUU; el subsecretario de Defensa, Joseph Humire; y el director de la CIA, John Ratcliffe.
La administración de Trump comienza a tantear un calendario electoral y las bases para una transición democrática en Venezuela. No obstante, según informes de inteligencia, para ejecutar esta “hoja de ruta”, Washington podría estar presionando a Delcy Rodríguez para que se desvincule de figuras clave del “chavismo” incluidos en su “lista negra”, entre los que destaca el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
La nueva Ley de Hidrocarburos reconstituye el nuevo escenario energético venezolano. Uno de los beneficiados es la multinacional estadounidense Chevron, que ha firmado acuerdos destinados a aumentar la producción de petróleo y que aspira aumentar su participación en la Faja Petrolífera del Orinoco en una empresa conjunta con Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Así mismo, la española Repsol retoma posiciones en el apetecido mercado energético venezolanos con garantías de inversión mientras la Unión Europea y el gobierno de Delcy Rodríguez exploran una agenda conjunta bilateral de áreas estratégicas productivas, confirmando así la reinserción venezolana en la arena internacional.
En un contexto de incertidumbre en el mercado energético global derivado de los conflictos en Irán y Ucrania, Washington parece decidido a asegurar las fuentes de suministro de productores importantes como Venezuela, trazando sus líneas de actuación en sus “esferas de influencia” en el hemisferio occidental.
Vía tutela en Venezuela, EEUU busca alejar de sus esferas de influencia a rivales geopolíticos y geoeconómicos como China, Rusia e Irán, durante varios años aliados estratégicos del “chavismo-madurismo” al mismo tiempo que corta el “cordón umbilical” de la relación estratégica establecida entre Venezuela y Cuba desde el año 2000. El táctico distanciamiento de Delcy ante la agobiante crisis económica cubana da a entender el modus operandi que quieren imprimir las nuevas autoridades en Caracas, evitando fricciones con Washington.
Ante la volátil situación internacional determinada por el conflicto con Irán, Washington busca en Venezuela asegurar un escenario de estabilidad que le permita tener influencia geopolítica y geoeconómica en el país con las mayores reservas probadas de hidrocarburos a nivel mundial, estimadas en aproximadamente unos 350.000 millones de barriles en la Plataforma Deltana del río Orinoco.
En esta ecuación con condicionantes geopolíticos, el nuevo status quo en Caracas calcula las ventajas de mantener este clima de distensión con Washington. Las elecciones presidenciales no son prioridad en un contexto donde premian la estabilidad y nuevas condiciones para las inversiones extranjeras y apertura económica, con la expectativa de que Washington ponga punto final a las sanciones contra el gobierno venezolano.
A mediados de abril, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció oficialmente el levantamiento de sanciones sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) vigentes desde 2019, así como de otras instituciones financieras estatales, aspecto que confirma el retorno de la normalidad en las transacciones financieras del Estado venezolano, como el acceso al sistema SWIFT, y su reinserción en el mercado global.
Si bien ha recuperado ciertos niveles de normalización económica, el estado de la economía venezolana dista de ser completamente estable. Desde la caída de Maduro se ha devaluado en un 50% la moneda nacional. La inflación se ha disparado un 600%. La crisis en Oriente Medio ha profundizado este nivel de crisis en Venezuela.
En esta relación con Washington, los hermanos Rodríguez realizan otro cálculo: la negociación de esquemas de impunidad ante las denuncias judiciales contra varios de los altos cargos del “chavismo” por violaciones de derechos humanos, corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico, entre otras acusaciones. La prioridad se enfoca en preservar el poder vía apertura económica, una especie de “perestroika” determinada por la relación directa con Washington.
Para ello, Delcy Rodríguez comienza a desvincularse de la figura y del legado de Maduro pero también del propio Chávez. Con todo, se afana en mantener un férreo un control político y de los organismos de seguridad que le ha llevado a cambios de calado en la FANB y la estructura de poder. Con ello, Delcy busca asegurar el apoyo militar y la legitimidad presidencial por parte de Washington.
Este perfil tecnocrático del “chavismo post-Maduro” debe acometer una relación de equilibrios con otros factores de poder más radicales, destacando aquí el peso político y militar de Diosdado Cabello. En la ecuación entran otros sectores simpatizantes del “chavismo” existentes dentro una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fuertemente politizada e ideologizada, así como la Milicia Popular Bolivariana, las comunas populares y los colectivos.
La destitución de Vladimir Padrino López tras doce años al frente FANB (recientemente restituido como ministro de Agricultura) definió un giro tectónico dentro de las estructuras de poder del “chavismo-madurismo” vigentes en los últimos años.
Además del relevo en la cúpula de la FANB, y en aras de profundizar el estilo tecnócrata, en los últimos meses Delcy Rodríguez ha sustituido a 17 ministros y apartado del poder económico a familiares y empresarios vinculados a Maduro. Incluso ha ordenado la detención de algunos de ellos como Alex Saab, Raúl Gorrín y Wilmer Ruperti, en la lista de sancionados por Washington.
Paralelamente, la presidenta encargada busca atraer a su favor a los sectores del “chavismo duro” recuperando la noción “chavista” de “revolución cívico-militar” con la finalidad de apaciguar posibles tensiones internas en la FANB. El sustituto de Padrino López, Gustavo González López, ha provocado una leve “desacralización” del legado “chavista” en la FANB. Con este panorama, Diosdado Cabello busca mantener margen de maniobra vía bajo perfil, consciente de que la tutela de Washington le resta operatividad a favor del poder establecido en manos de los hermanos Rodríguez.
Las bases populares del “chavismo” también observan con atención este nuevo escenario. Chávez y Maduro defendieron la creación de un “Estado comunal” que hoy parece desfasado del centro de atención ante las prioridades en torno a la estabilidad y la normalización económica. Este escenario puede anunciar tensiones y conflictos sociales sin desestimar los pulsos entre diversos actores por no perder protagonismo político.
Recuperar la productividad petrolera en un contexto condicionado por los intereses de EEUU implica para las nuevas autoridades en Caracas una nueva ecuación económica en la que las clases populares aspiran a seguir beneficiándose de los programas sociales del “chavismo” y la redistribución del ingreso petrolero.
Por su parte, la oposición venezolana se encuentra en una etapa de recomposición de actores, con menos margen de maniobra y extremadamente dependiente de la evolución de la relación entre Trump y Delcy Rodríguez.
El objetivo principal de las fuerzas opositoras es la transición democrática por la vía electoral. Pero este proceso electoral presidencial no se vislumbra, al menos a corto plazo, ya que no parecen garantizadas las condiciones para su realización. No obstante, el oficialismo comienza a activar una sutil campaña propagandística a favor de Delcy Rodríguez para afianzar su imagen, en clave electoral, cuando las condiciones se presenten propicias.
No debe pasarse por alto que el exilio y la clandestinidad han sido el destino de varios los líderes opositores. La ley de Amnistía y la liberación de presos políticos pueden anunciar un nuevo momento para la oposición, en particular a la hora de identificar nuevos liderazgos que eventualmente desplacen del centro de atención a figuras tradicionales como María Corina Machado (oficialmente inhabilitada para concurrir electoralmente) y Henrique Capriles Radonski, entre otros.
El desgaste ciudadano ante la incesante confrontación y polarización política vivida en las últimas décadas en Venezuela es otro factor a tomar en cuenta, particularmente ante el eventual desenlace electoral.
Si bien las encuestas parecen reflejar una popularidad sólida para la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el ambiente social parece definirse en torno a la necesidad de encontrar las vías de normalización que impliquen una mejora en los niveles de vida socioeconómicos y en las respuestas a los problemas cotidianos en materia de servicios públicos.
Por el momento con la benevolencia de Washington, la estrategia de Delcy y Jorge Rodríguez apuesta más por la estabilidad y el mantenimiento del establishment que por propiciar una transición inmediata por la vía electoral. Intentando evitar tensiones internas, especialmente dentro de la FANB y las estructuras política y burocrática del “chavismo”, Trump, Delcy y Jorge Rodríguez parecen más bien perfilar los resortes de un nuevo status quo de poder en Caracas que, al menos temporalmente, les genera beneficios políticos.
—
Roberto Mansilla Blanco es analista de geopolítica y relaciones internacionales. Colaborador en LISA News (LISA Institute), Analista Sénior en la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG) y Redactor Jefe de Foro A Peneira-Novas do Eixo Atlántico (Editorial Novas do Eixo Atlántico, S.L)




Pide información o cuéntanos lo que te parezca interesante.
© Inteligencia Geopolítica 2026