El Sahel se ha convertido en un gran corredor geopolítico donde confluyen: terrorismo yihadista, economías ilícitas, migración irregular, tráfico de drogas, contrabando de armas, competencia entre potencias y pérdida de influencia occidental.

Contexto y situación actual

El Sahel sigue siendo uno de los espacios más peligrosos del mundo, al haberse convertido en un amplio corredor estratégico que conecta África Occidental, el Magreb, Libia, el Mediterráneo y Europa, por el que circulan rutas de cocaína procedente de América Latina, armas de arsenales libios o de circuitos regionales, flujos migratorios hacia el norte de África y economías ilícitas que alimentan a grupos armados, milicias, redes tribales y organizaciones yihadistas.

Por ello, la amenaza ya no puede entenderse solo en términos militares. Es una amenaza política, económica, criminal y estratégica, capaz de debilitar Estados, financiar insurgencias y alterar los equilibrios regionales.

En este escenario destacan el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM/GSIM), vinculado a Al Qaeda, y el Estado Islámico (EI), junto a milicias locales, redes criminales, grupos rebeldes, clanes tribales y estructuras armadas que operan con gran flexibilidad en Mali, Níger, Burkina Faso, Libia, Argelia, Chad y las rutas que conectan el Sahel con el Magreb y Europa.

La región de las tres fronteras (Mali, Níger y Burkina Faso) se ha convertido en el epicentro de la crisis. Allí grupos yihadistas combaten a los Estados, pero también compiten entre sí. La relación entre JNIM y el EI no es de alianza, sino de rivalidad estratégica debido a que ambos buscan territorio, influencia, recursos y legitimidad dentro del universo yihadista.

Frontera central del Sahel

Mali · Burkina Faso · Níger

En este contexto, los recientes ataques contra infraestructuras aeroportuarias representan un salto cualitativo en la estrategia de ambos grupos. El ataque del JNIM contra el aeropuerto de Niamey el 18 de junio de 2026, precedido por otra operación reivindicada en enero por el Estado Islámico contra la misma instalación, demuestra que estas organizaciones ya no limitan su actividad a las zonas rurales, fronterizas o periféricas. Atacar el aeropuerto de una capital significa penetrar en uno de los espacios más protegidos del Estado y transmite un mensaje político, militar y propagandístico: los gobiernos sahelianos no controlan plenamente ni siquiera algunas de sus infraestructuras más sensibles.

Esta evolución refleja, además, un preocupante proceso de aprendizaje y adaptación operativa. La combinación de vigilancia previa, fuego de mortero, vehículos armados, motocicletas, drones comerciales, sistemas de mando y control y maniobras organizadas de retirada, revela una creciente sofisticación táctica.

Los grupos yihadistas están incorporando capacidades que, hasta hace pocos años, parecían reservadas a fuerzas militares regulares o a organizaciones insurgentes con un mayor nivel de preparación.

El objetivo ya no consiste únicamente en causar bajas o generar terror. Se busca también degradar las capacidades operativas del adversario, especialmente aquellas que permiten observar, localizar y perseguir a los grupos armados. Drones, helicópteros, aviones de vigilancia, estaciones de control, centros de comunicaciones y sistemas de inteligencia se convierten así en objetivos prioritarios. Golpear estos medios equivale a atacar los “ojos” y los “oídos” de los ejércitos nacionales.

El ataque contra el aeropuerto militar de Tahoua, donde se encontraban desplegados drones turcos Bayraktar TB2 de las fuerzas nigerinas, confirma esta lógica. La estrategia parece orientada a reducir o neutralizar la vigilancia aérea, dificultando la detección de movimientos, la identificación de campamentos y la persecución de las columnas yihadistas. Sin drones, sin inteligencia aérea y sin sistemas eficaces de seguimiento, los ejércitos de la región pierden capacidad de anticipación, reacción y respuesta.

La guerra en el Sahel deja así de ser exclusivamente una disputa por el control del territorio. Se convierte también en una guerra contra la información, la vigilancia y la superioridad tecnológica del adversario. Los grupos yihadistas parecen haber comprendido que no necesitan derrotar frontalmente a los ejércitos nacionales: puede bastar con reducir su capacidad para observar el terreno, coordinar sus fuerzas y actuar con rapidez.

Pérdida de influencia occidental

La retirada occidental ha agravado este escenario. La salida de Francia de Mali en 2022, de Burkina Faso y Níger en 2023, y la evacuación estadounidense de la base de drones de Agadez en 2024 han reducido la presión militar externa y han debilitado las capacidades occidentales de inteligencia sobre el terreno, aunque fuentes oficiales estadounidenses han indicado que la Administración Trump estaría barajando la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares en Mali contra el JNIM. Se trataría del octavo país objeto de ataques desde que Trump volvió al poder en 2025.

La retirada occidental no explica por sí sola el avance yihadista, pero ha abierto una vía de oportunidad para grupos que ahora operan con mayor margen de maniobra.
Ese vacío ha coincidido con la llegada de nuevos actores de seguridad, especialmente Wagner primero y el África Corps después. Las juntas militares de la región han buscado nuevos socios frente al descrédito de la presencia francesa y al deterioro de la seguridad. Sin embargo, las estrategias de contrainsurgencia basadas en una fuerte presión militar y en operaciones de gran dureza contra poblaciones civiles pueden producir efectos contraproducentes. Pueden debilitar redes yihadistas a corto plazo, pero también generar resentimiento, miedo, desplazamientos y nuevas oportunidades de reclutamiento.

El JNIM es, en este contexto, el actor más complejo desde el punto de vista político. A diferencia del Estado Islámico, más apoyado en determinadas bases comunitarias, el JNIM ha logrado proyectarse como una organización transétnica, capaz de negociar con comunidades, articular pactos locales y ejercer formas rudimentarias de gobernanza. No actúa solo como un grupo armado. En algunas zonas empieza a comportarse como un proto actor político-territorial.

Aquí aparece una de las grandes paradojas del Sahel actual: el JNIM actúa también como barrera frente a la expansión del Estado Islámico. La guerra entre ambos grupos en Mali y Burkina Faso limita, por ahora, la progresión del Estado Islámico hacia el sur y hacia los países del Golfo de Guinea. Si ese bloqueo se rompe, la amenaza podría desplazarse con mayor intensidad hacia Níger, Benín, Togo, Ghana o Costa de Marfil, abriendo una nueva fase de desestabilización regional.

Cómo se financia la criminalidad organizada trasnacional

Pero la guerra yihadista no puede entenderse sin su base económica. La región transahariana se ha consolidado como uno de los grandes espacios de convergencia entre migración irregular, drogas, armas, contrabando, minería artesanal, extorsión y fiscalidad ilegal. El rasgo fundamental de esta economía criminal no es solo el transporte directo de mercancías, sino la capacidad de los grupos armados para controlar, gravar o proteger rutas.

En muchos casos, estos grupos no necesitan transportar ellos mismos la droga, las armas o los migrantes. Les basta con dominar pasos, pozos, pistas desérticas, puntos de control, ciudades de tránsito o zonas fronterizas para imponer tasas de paso, protección, escolta o autorización.

La lógica es simple: quien controla el territorio controla la renta criminal; quien controla la renta criminal financia la violencia; y quien financia la violencia puede desafiar al Estado.

Tráfico transahariano

Durante años, la financiación de los grupos armados se vinculó al contrabando de tabaco, carburante, armas, rescates por secuestro y apoyos externos. Esa estructura no ha desaparecido, pero se ha transformado. Hoy la financiación se diversifica hacia la extorsión, el cobro de impuestos ilegales, la protección de convoyes, el tráfico de drogas, la minería artesanal de oro, el contrabando de combustible, el tráfico de personas y la captura de economías locales. El resultado es una forma de poder híbrido: político, militar, criminal y económico al mismo tiempo.

La cocaína procedente de América Latina sigue siendo uno de los tráficos más rentables. Parte de la droga llega desde Brasil, Venezuela, Colombia u otros puntos del Atlántico hacia África Occidental, con especial presencia histórica en Guinea-Bissau, el Golfo de Guinea y otros puertos vulnerables. Desde allí puede ser redistribuida por mar hacia Cabo Verde, Canarias o la costa europea, o bien introducirse en rutas terrestres que atraviesan el Sahel hacia Marruecos, Argelia, Libia y el Mediterráneo.

El Sahel funciona así como un espacio de tránsito y multiplicación del valor. Una sustancia que sale de América Latina con un precio relativamente bajo puede multiplicar su valor conforme atraviesa controles, intermediarios, rutas desérticas y pasos fronterizos. Cada tramo añade riesgo, corrupción, protección armada y beneficio criminal. Los grupos yihadistas y armados aprovechan esa cadena no siempre como narcotraficantes directos, sino como autoridades ilegales que cobran por permitir, proteger o no atacar los movimientos.

A este tráfico tradicional se añade el auge de las drogas sintéticas y opioides falsificados, incluidos tramadol, kush y otros productos adulterados que circulan en África Occidental. Estas economías ilícitas son más fáciles de fragmentar, transportar y vender en mercados locales, lo que aumenta su capacidad de penetración social y su relación con redes criminales urbanas, juveniles y transfronterizas. La cocaína mantiene su valor estratégico internacional, pero las drogas sintéticas están adquiriendo una importancia creciente en la desestabilización interna de varios países.

El tráfico de armas también ha cambiado. Tras la caída de Gadafi en 2011, Libia se convirtió en una fuente masiva de armamento para el Sahel. Ese flujo alimentó a grupos rebeldes, milicias, organizaciones yihadistas y redes criminales. Hoy, aunque las rutas libias siguen siendo relevantes, el mercado se ha vuelto más diversificado y competitivo. A las armas ligeras tradicionales se suman municiones, vehículos, drones comerciales adaptados, explosivos improvisados y material procedente de arsenales estatales, robos, corrupción militar o circuitos regionales.

La tecnología accesible está multiplicando las capacidades de estos grupos. El uso de drones comerciales, comunicaciones por satélite, vídeos propagandísticos, vigilancia táctica y coordinación de fuego demuestra que la brecha tecnológica entre actores estatales y no estatales se reduce. El problema ya no es únicamente que los grupos yihadistas tengan armas; es que empiezan a integrar tecnologías baratas, disponibles y eficaces dentro de operaciones cada vez más complejas.

Un espacio de oportunidad

Pero el Sahel no es solo un espacio de pobreza, terrorismo y migraciones, sino también un territorio con capacidad de transformación si se combinan seguridad, desarrollo sostenible, gobernanza, inversión local y cooperación regional. Junto a la violencia yihadista, las rutas criminales, la fragilidad estatal, el cambio climático y la presión migratoria, existe otra realidad menos visible: una región con la población más joven del mundo, importantes recursos naturales, un enorme potencial solar, experiencias de restauración ambiental y mecanismos culturales propios de cohesión comunitaria.

Cerca del 65% de la población saheliana tiene menos de 25 años. Esta realidad puede convertirse en una bomba de inestabilidad si no existen empleo, educación, servicios básicos, seguridad y expectativas de futuro. En ese caso, aumentan los riesgos de migración forzada, criminalidad, economías ilícitas o reclutamiento por grupos armados. Pero, si se canaliza adecuadamente, esa misma juventud puede convertirse en el principal motor de desarrollo regional.

La minería representa una oportunidad ambivalente. En países como Burkina Faso, ha aumentado su peso económico, pero también genera riesgos: explotación artesanal insegura, contaminación por mercurio, corrupción, pérdida de ingresos públicos y captura de rentas por grupos armados. Si no existe gobernanza, auditoría, transparencia y reparto local de beneficios, la minería puede convertirse en otro motor de conflicto. Si se gestiona bien, puede contribuir a financiar servicios públicos.

La conclusión principal es que el Sahel no puede ser reducido a una amenaza. Es, al mismo tiempo, un corredor de inseguridad y un espacio de oportunidad. Si Europa y la comunidad internacional solo lo miran desde el miedo —terrorismo, migraciones, crimen organizado— responderán tarde y mal. Si lo entienden también como una región joven, solar, rural, culturalmente viva y con capacidad de regeneración, podrán diseñar una política más inteligente.

Epílogo

Suena Tajabone, de Ismaël Lô, y el Sahel deja por un instante de ser frontera, amenaza y mapa de conflictos.
La música nos devuelve a otra verdad: la de los pueblos que resisten, los caminos antiguos, la memoria compartida y la dignidad de quienes siguen viviendo bajo el polvo, el miedo y la esperanza.

Porque el Sahel no es solo guerra, terrorismo o abandono. Es también voz, raíz, infancia, oración y futuro posible.
Con Tajabone de fondo, la región vuelve a tener rostro humano.

Ismaël Lô – Tajabone