Escalada militar entre Camboya y Tailandia
El conflicto entre Camboya y Tailandia representa la mayor crisis regional desde 2008

(Europa press/Maksim Konstantinov)
PEDRO FUENTETAJA RUBIO | Madrid
25 de julio de 2025
Ayer, 24 de julio de 2025, el ejército camboyano lanzó un ataque contra el hospital Phnom Dongrak, ubicado en la zona fronteriza de Chong Bok. El ataque, que sucedió alrededor de las 11:54 hora local, dejó un saldo de al menos cinco muertos, entre ellos un menor de edad, y provocó heridas a pacientes y personal sanitario. La ofensiva forma parte de una serie de bombardeos con artillería pesada y cohetes BM-21 contra infraestructura civil tailandesa, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte del gobierno de Bangkok.
En represalia, la Fuerza Aérea tailandesa desplegó jets F-16 que atacaron posiciones militares camboyanas en las cercanías de los templos de Preah Vihear y Ta Krabey. La frontera ha sido completamente cerrada, los pasos controlados militarmente, y se ha ordenado la evacuación de miles de civiles. Además, ambos países han retirado a sus embajadores, lo que marca el inicio formal de una crisis diplomática de gran envergadura.
Las relaciones entre Camboya y Tailandia han estado marcadas por una prolongada disputa territorial en torno al templo de Preah Vihear y las áreas fronterizas circundantes. Esta tensión tiene su origen en la época colonial y se ha exacerbado desde que la Corte Internacional de Justicia otorgó en 1962 la soberanía del templo a Camboya. Aunque la sentencia fue ratificada en 2013 con una interpretación más precisa del área en disputa, sectores nacionalistas tailandeses nunca aceptaron plenamente esa delimitación.
El episodio más grave antes de la crisis actual ocurrió en 2008, cuando se registraron enfrentamientos armados entre ambos países. Desde entonces, la región ha permanecido como foco de tensión latente, con despliegues militares recurrentes, retórica nacionalista, y episodios de violencia esporádica.
En este contexto histórico se insertan rivalidades geopolíticas estructurales. Camboya mantiene una estrecha alianza estratégica con China, que incluye inversiones en infraestructura crítica, presencia de asesores y modernización militar. Tailandia, por su parte, es aliada de Estados Unidos y miembro activo en ejercicios multilaterales, como Cobra Gold. Esta dinámica ha contribuido a generar una frontera altamente sensible.
La región también está atravesada por desafíos estructurales que agravan la inestabilidad. Entre ellos destacan el contrabando, la trata de personas y la explotación ilegal de recursos naturales, especialmente madera y minerales. Estas actividades son facilitadas por la corrupción institucional y la falta de gobernanza efectiva en las provincias periféricas.
Desde 2022 se han intensificado los roces diplomáticos, incluyendo acusaciones cruzadas sobre colocación de minas, detención de ciudadanos, incursiones fronterizas y expulsión de trabajadores migrantes. Todo ello ha generado un clima de desconfianza que sirve de telón de fondo para la actual escalada.
En los meses previos a la actual crisis, las tensiones aumentaron tras un enfrentamiento fronterizo en mayo de 2025, lo que llevó al ejército tailandés a tomar el control de los pasos fronterizos y limitar su horario desde el 7 de junio. En respuesta, Camboya remitió el conflicto sobre cuatro templos a la Corte Internacional de Justicia, prohibió las importaciones tailandesas el 17 de junio y exigió la reapertura de los pasos. Tailandia reaccionó restringiendo el paso a sus propios ciudadanos.
La escalada incluyó también una guerra de declaraciones. El primer ministro camboyano, Hun Manet, advirtió el 23 de junio que “no podemos quedarnos impasibles”, y el influyente senador camboyano Hun Sen amenazó con revelar comunicaciones privadas con Thaksin Shinawatra, padre de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra. Una grabación filtrada del 18 de junio mostró a Paetongtarn pidiendo a Hun Sen que ayudara a desactivar la crisis. Esto provocó la retirada del partido Bhumjaithai del gobierno y la amenaza de una moción de censura, mientras crecen las protestas en Bangkok y aumentan los rumores de golpe de Estado.
A todo esto se suma el repunte de la violencia interna en Tailandia. Entre el 17 y el 28 de junio se registraron ataques de insurgentes en el sur profundo y colocación de explosivos en zonas turísticas del oeste (Phuket, Krabi, Phang Nga), lo que añade una dimensión interna de desestabilización y presión sobre el gobierno tailandés.
La región afectada es geoestratégicamente relevante, no solo por su valor simbólico y patrimonial, sino también por su posible riqueza en recursos naturales y su papel como corredor terrestre entre el Golfo de Tailandia y el Mekong. En este contexto, Camboya mantiene una estrecha relación con China, país que ha invertido significativamente en infraestructuras e instalaciones de defensa en territorio camboyano. Por su parte, Tailandia sigue siendo un aliado tradicional de Estados Unidos y participa en ejercicios militares conjuntos con países occidentales, lo que agrega una capa de rivalidad estructural entre ambos.
A nivel regional, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha mostrado una respuesta limitada, lo que evidencia su escasa capacidad de mediación efectiva en conflictos interestatales entre miembros. Mientras tanto, Vietnam observa con preocupación el curso del conflicto debido a su cercanía geográfica y su historial complejo con Camboya. Las grandes potencias, como China y EE. UU., se encuentran posicionadas indirectamente: el primero respaldando a Phnom Penh, y el segundo expresando condena al ataque contra el hospital.
Desde el punto de vista de la seguridad, ambos ejércitos han reforzado su presencia militar en las provincias limítrofes: Surin y Ubon Ratchathani en Tailandia, y Oddar Meanchey en Camboya. El riesgo de confrontación directa sostenida es elevado, y se ha activado un dispositivo de evacuación de emergencia ante la posibilidad de nuevos ataques. Además, la frontera es históricamente una zona de trata de personas, tráfico de madera ilegal y contrabando, lo que puede agravarse si los gobiernos pierden el control territorial efectivo.
En términos económicos, la interrupción de rutas comerciales entre ambos países afectará especialmente al transporte terrestre, el comercio transfronterizo agrícola y el turismo. Las inversiones chinas en Camboya y las exportaciones tailandesas hacia el este del país sufrirán un impacto inmediato. También podría producirse una depreciación de las monedas locales si se percibe que el conflicto se prolonga.
Las consecuencias humanitarias no son menores. Las recientes deportaciones masivas de trabajadores camboyanos desde Tailandia y las nuevas oleadas de desplazados por la violencia están creando una crisis de derechos humanos en la frontera. Diversas organizaciones han solicitado respeto por el derecho internacional humanitario, especialmente ante los ataques a infraestructuras civiles como el hospital de Phnom Dongrak.
Aunque no hay indicios de terrorismo organizado en esta región, la inestabilidad abre oportunidades a redes criminales y estructuras corruptas que operan en los márgenes de ambos Estados. Estas redes podrían utilizar el caos para ampliar su control sobre actividades ilícitas.
Repercusiones intereses españoles
Tailandia desempeña un papel clave como centro logístico y de conectividad aérea en el sudeste asiático. El aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok funciona como un hub regional de primer orden para vuelos internacionales y conexiones interasiáticas. Cualquier interrupción en el tráfico aéreo o cierre de espacio aéreo por razones militares o de seguridad tendría implicaciones inmediatas para la conectividad comercial y turística de la región.
Asimismo, decenas de empresas españolas del sector turístico, servicios y agroalimentario tienen presencia en Tailandia, principalmente en Bangkok, Chiang Mai y Phuket. El país es además un destino estacional muy popular entre turistas españoles, especialmente en los meses de verano. La actual escalada militar y la posible expansión del conflicto hacia zonas turísticas pueden poner en riesgo la seguridad de ciudadanos españoles, así como la operatividad de las empresas establecidas.
[Artículo autorizado por Pedro Fuentetaja. Publicado originalmente en La discrepancia]