Caribe, América Central y del Sur enfrentan desafíos como el narcotráfico, la violencia, la inestabilidad política, la desigualdad social, la corrupción y el cambio climático.
19 de septiembre de 2025
Caribe, América Central y del Sur enfrentan desafíos como el narcotráfico, la violencia, la inestabilidad política, la desigualdad social, la corrupción y el cambio climático.
Las tres subregiones comparten una combinación de fragilidad institucional, desigualdad socioeconómica, violencia estructural, corrupción y dependencia económica. Estos problemas están interrelacionados y tienen raíces históricas en la colonización, en las economías dependientes de la extracción de los recursos (extractivismo), la consolidación de élites excluyentes, y la intervención externa constante (principalmente de EE. UU. y potencias europeas).
A esto se suman modelos económicos basados en monocultivos, turismo o materias primas, lo que genera vulnerabilidad ante crisis externas, cambio climático y redes transnacionales criminales (narcotráfico, trata, tráfico de armas). En muchos casos, la debilidad del Estado de derecho y la desconfianza ciudadana alimentan ciclos de gobernabilidad precaria y migración forzada.
El Caribe es una región conformada principalmente por islas y algunos territorios continentales bañados por el mar del mismo nombre. Desde una perspectiva geográfica y geopolítica, suele dividirse en Antillas Mayores (Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico -este último, un territorio no incorporado de EEUU-) y Antillas Menores, que abarcan una serie de islas, algunas con soberanía nacional y otras bajo administración de potencias extranjeras. Entre las naciones independientes destacan Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves, existen territorios no soberanos como Aruba, Curazao, Bonaire (territorios del Reino de los Países Bajos), así como Guadalupe y Martinica (departamentos franceses de ultramar). Las Bahamas, pese a su cercanía y afinidad cultural, suelen estar excluidas por razones geográficas.
Excluyendo las zonas continentales de América Central y del norte de Sudamérica, en el Caribe insular, en términos demográficos, se estima que la población total supera los 40 millones de habitantes, siendo Haití la isla más poblada con aproximadamente 12 millones de habitantes, seguida de Cuba y la República Dominicana con alrededor de 11 millones cada una.
A ellas se suman otras islas con poblaciones menores pero significativas, como Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, lo que confirma la densidad demográfica y la diversidad sociocultural de una región clave para las dinámicas políticas, económicas y migratorias del continente americano.
El Caribe enfrenta una economía diversa, marcada por una mezcla de economías en desarrollo y otras más establecidas, lo que influye en la variabilidad de su crecimiento económico y estabilidad. Factores como la dependencia de sectores como el turismo, la agricultura y la remesa de emigrantes, junto con desafíos internos como el narcotráfico y la inestabilidad política, impactan los indicadores económicos clave. En este contexto, se presenta a continuación un gráfico que muestra el PIB per cápita y la inflación de la región, con México tomado como país de referencia para facilitar la comprensión y comparar los datos de los diferentes países caribeños.
Haití enfrenta una crisis de seguridad y humanitaria sin precedentes, exacerbada por el dominio de las pandillas. A pesar de la presencia de una misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por policías kenianos, la violencia persiste. Las pandillas aprovechan la inestabilidad política para reforzar su control, paralizando los esfuerzos nacionales e internacionales para restaurar el orden. En diciembre de 2024, una masacre en el barrio de Wharf Jérémie, en Puerto Príncipe, dejó más de 200 muertos y destruyó varios hospitales.
Más de 70,000 personas se han desplazado debido a la violencia, y casi 2 millones de haitianos enfrentan niveles críticos de hambre, incluidos miles de mujeres embarazadas. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse (2021) la ausencia de un gobierno central efectivo ha dejado un vacío de poder aumentando la inestabilidad política. Las redes de narcotráfico, que operan desde Haití, agravan la situación, al ser utilizadas para el tránsito de drogas a Estados Unidos y otros países de la región.
La crisis tiene raíces profundas, debido a factores históricos, políticos, económicos y sociales interrelacionados. Desde su independencia en 1804, cuando Haití se convirtió en la primera nación en América Latina en obtenerla, ha sufrido un aislamiento internacional prolongado y una pobreza crónica. El pago de indemnizaciones a Francia por la pérdida de su colonia en el siglo XIX dejó al país en una situación financiera precaria, y la falta de reconocimiento internacional profundizó su aislamiento.
Desde entonces, el país ha sido escenario de constantes dictaduras, golpes de Estado e intervenciones extranjeras. La intervención de potencias extranjeras, como la ocupación de EE.UU. (1915-1934) y el derrocamiento de gobiernos como el de Jean-Bertrand Aristide (2004), ha profundizado la fragilidad del país.
La violencia generada por las pandillas ha escalado en los últimos años, con grupos armados controlando amplias zonas del territorio, donde funcionan como estructuras de gobierno paralelo e imponen su propia ley, alimentando un ciclo de violencia que afecta tanto a la población civil como a las fuerzas de seguridad. El G9 y Familia, liderado por Jimmy Chérizier («Barbecue»), es uno de los grupos más poderosos, acusado de extorsión y secuestros.
La debilidad y la corrupción de las fuerzas de seguridad han permitido que se establezcan vínculos entre las autoridades y las pandillas, agravando la crisis de seguridad. El sistema judicial corrupto y la gestión de las prisiones han facilitado las fugas masivas de presos, socavando aún más el estado de derecho.
El país es extremadamente vulnerable a los desastres naturales, como terremotos y huracanes, que agravan sus problemas estructurales. El terremoto de 2010 y el huracán Matthew en 2016 devastaron las infraestructuras, agravando la pobreza y dificultando la recuperación del país. Estos desastres no solo han afectado a la población, sino que también han debilitado las capacidades del gobierno para gestionar la crisis.
A lo largo de los años, Haití ha sido objeto de intervenciones extranjeras, muchas de las cuales han tenido efectos negativos en la estabilidad del país. Aunque la ayuda internacional ha sido fundamental para el alivio humanitario, ha generado una dependencia insostenible y, en ocasiones, ha resultado ineficaz para abordar las causas estructurales de la crisis. Las misiones de la ONU (MINUSTAH), han tenido un impacto mixto, y en muchos casos, han exacerbado la situación en lugar de mejorarla.
La falta de liderazgo efectivo y la fragmentación política han perpetuado la crisis. La incapacidad del gobierno para implementar reformas y el incumplimiento de promesas electorales han generado un clima de desesperanza y desconfianza generalizada en las instituciones. Esta situación ha dificultado los esfuerzos para restaurar la estabilidad política y económica, dejando a la población atrapada en un ciclo interminable de pobreza y violencia.
La crisis en Haití tiene repercusiones profundas en la región. Más de un millón de personas se han desplazado internamente debido a la violencia de las pandillas y la inestabilidad política, lo que ha ejercido una enorme presión sobre las comunidades receptoras y los recursos limitados en las zonas cercanas, desencadenado un aumento en la migración hacia países vecinos como la República Dominicana, Estados Unidos y otras naciones, generando retos tanto en las políticas migratorias como en las relaciones diplomáticas. La expansión de la violencia y el control territorial por parte de las pandillas haitianas constituye una amenaza significativa para la estabilidad y seguridad de los países cercanos, elevando el riesgo de actividades delictivas transfronterizas, como el narcotráfico y el contrabando.
Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas desde el período especial de los años 90. El colapso del turismo tras la pandemia, el endurecimiento del embargo de EE.UU. y la ineficaz gestión económica interna han exacerbado la escasez de alimentos, medicinas y combustible. La inflación sigue en niveles altos, los apagones son recurrentes, y gran parte de la población depende del mercado informal o de remesas desde el exterior para sobrevivir.
Este deterioro económico ha propiciado una ola migratoria sin precedentes. Desde 2021, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla, principalmente con destino a EE.UU., superando incluso los flujos migratorios del Mariel (1980) o la crisis de los balseros (1994). Esta salida masiva refleja no solo la desesperación económica, sino también un creciente descontento social por la falta de libertades y la represión de la disidencia que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales. A pesar de que algunos países latinoamericanos han restablecido relaciones más cercanas con La Habana, la presión internacional sobre los derechos humanos persiste, especialmente desde la Unión Europea y organismos multilaterales.
Además de Haití y Cuba, varios países del Caribe se encuentran en una situación crítica debido a una combinación de desastres naturales, crisis económicas y desafíos climáticos. La isla de Granada experimentó los efectos devastadores del huracán, que causaron la destrucción casi total de la isla de Carriacou, dejando a más del 90% de la población sin acceso a electricidad ni agua potable. San Vicente y las Granadinas también fueron gravemente afectadas, con daños generalizados en las islas de Union, Canouan y Mayreau, y más de 200,000 personas, es decir, la totalidad de su población, resultaron afectadas por el desastre. Aunque Barbados no sufrió daños directos del huracán, las lluvias y vientos asociados impactaron al 74% de la población, causando destrozos en viviendas, infraestructura y cultivos. El sector pesquero fue el más afectado, con la pérdida del 90% de la flota.
[Autorizado por Pedro Fuentetaja Rubio. Publicado originalmente en La Discrepancia]
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