MIGUEL ORTIZ-CAÑAVATE CAMPBELL | Nairobi

29 de julio de 2025

El 25 de junio, activistas, organizaciones de la sociedad civil y políticos de la oposición convocaron un «día nacional de acción» en todo el país para conmemorar a los fallecidos en las protestas de la «Generación Z» del año anterior. Ese día se cumplía un año desde que manifestantes irrumpieron en el Parlamento keniano, en Nairobi, tras la aprobación de la controvertida Ley de Finanzas 2024.

Desde primera hora de la mañana, Nairobi fue escenario de un fuerte despliegue policial. Se establecieron puestos de control en las principales vías, mientras que los accesos a lugares estratégicos, como el Parlamento en el distrito central de negocios y la Casa del Estado, fueron fuertemente fortificados con barreras, alambres de cuchillas y una densa presencia de fuerzas antidisturbios. A partir de las 08:30, comenzaron a concentrarse los manifestantes, inicialmente de manera pacífica. Sin embargo, con el transcurso del día estallaron enfrentamientos. La policía recurrió al uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, caballería y agentes antidisturbios para dispersar a la multitud. Hacia el final de la tarde, el número de manifestantes en el centro de la ciudad creció significativamente, y se reportó que miles de personas marchaban hacia el corazón de Nairobi.

En medio del aumento de las tensiones, un agente disparó en la cabeza a un vendedor ambulante de mascarillas en el centro de la ciudad. El asesinato, perpetrado a sangre fría, fue grabado y rápidamente se viralizó, provocando una ola de indignación pública.

Pocos días después, la gente se volvió a lanzarse a la calle para conmemorar El Día de Saba Saba (las protestas prodemocráticas de 1990 que derivaron en la reinstauración del sistema multipartidista en Kenia). Esta fecha tiene un profundo significado histórico y político como símbolo de resistencia civil, lucha democrática y poder ciudadano. Este año, figuras influyentes en redes sociales, la Alianza Alternativa Nacional (NAA, por sus siglas en inglés), y organizaciones de derechos humanos convocaron nuevas manifestaciones para el 7 de julio, denunciando la brutalidad policial, los secuestros y la mala gobernanza.

Ese dia, se llevaron a cabo nuevas protestas en todo el país. Aunque en algunos condados como Mombasa y Kisumu las manifestaciones se desarrollaron de manera relativamente pacífica, en otros (Nairobi, Kajiado, Kiambu, Embu, Makueni, Nakuru y Kisii) se registraron enfrentamientos extremadamente violentos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia reportó al menos 32 personas fallecidas durante las protestas. Los informes sugieren que muchas de las víctimas fueron abatidas por la policía, que presuntamente utilizó tanto munición real como balas de goma. En una declaración que fue ampliamente criticada, el presidente William Ruto comentó con tono cínico que los agentes «deberían disparar a las piernas, no a la cabeza» de los civiles.

Además de los enfrentamientos con la policía, se reportaron saqueos en varias localidades y la presencia de «matones» a sueldo que sembraron el caos. En Kitengela, condado de Kajiado —uno de los focos más violentos—, un grupo de estos individuos invadió el hospital del sub-condado, destruyó la zona de urgencias, irrumpió en un quirófano durante una operación e intentó incendiar el edificio. Vídeos difundidos en redes sociales muestran que estos actos se cometieron con aparente impunidad, sin intervención policial. También hubo reportes de delincuentes que aprovecharon el caos para asaltar a peatones e incluso invadir viviendas.

La situación en Kenia sigue siendo tensa y volátil. Nuevas protestas podrían estallar con poca o ninguna advertencia y escalar rápidamente hacia la violencia. Algunas de las personas fallecidas fueron alcanzadas por balas perdidas, tanto en la vía pública como dentro de sus propios hogares.

Las consecuencias geopolíticas en la región también ya se han notado. Durante anteriores momentos de inestabilidad, activistas de los países en el oriente de África podían encontrar asilo dentro de los estados vecinos. Sin embargo, la cooperación policial entre Uganda, Tanzania y Kenia lo ha cambiado todo. En vísperas de las manifestaciones, Tanzania inició una redada anti-inmigración que entregó a Kenia una multitud de activistas que se refugiaban en su territorio desde el año pasado. La cooperación entre Estados parece acelerase debido a la tenue posición que sienten los caciques tradicionales de Uganda, Tanzania y Kenia.