Así es la alianza entre Venezuela y China, su mayor comprador depetróleo, que parece estar en el aire pero sigue en vigor

Cuando, en la madrugada del pasado 3 de enero, se fue la luz en el sur de Caracas y empezaron a caer misiles sobre las defensas aéreas y otros puntos estratégicos de la capital venezolana y sus alrededores, mientras un centenar y medio de helicópteros militares estadounidenses entraban en la ciudad para secuestrar a Nicolás Maduro, un grupo de diplomáticos chinos, que apenas unas horas antes se había reunido con él en el Palacio de Miraflores, debía de encontrarse todavía en el país, probablemente en su hotel, desconcertado por lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

La delegación, encabezada por Qiu Xiaoqi, representante especial del gobierno de Xi Jinping para asuntos latinoamericanos (y antiguo embajador en España entre 2003 y 2008, entre otros destinos iberoamericanos), junto con Liu Bo, director del departamento para Latinoamérica y el Caribe del ministerio de Exteriores de China, y su subdirector, Wang Hao, se acababa de entrevistar esa misma tarde con Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y su ministro de Exteriores, Yván Gil. Acababan de ratificar más de 600 acuerdos de cooperación entre Venezuela y China, a la que Maduro describió efusivamente a Qiu como el “hermano mayor” de su país, un aliado crucial para el bloqueado país caribeño, con el que en 2023 había elevado su relación bilateral al rango de “asociación estratégica a todo tiempo y en toda prueba” (en su traducción oficial en español). Pese a las defensas antiaéresas rusas y los radares chinos con que contaba Venezuela, que no funcionaron adecuadamente, en ocasiones porque al parecer ni siquiera estaban conectados, los enviados de Xi Jinping debieron de vivir en persona cómo los EEUU secuestraban a su interlocutor sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo. Esa noche hubo al menos un centenar de heridos en Caracas y otro centenar de muertos, entre los 32 soldados de élite cubanos que formaban parte de la protección presidencial de Maduro, otros 47 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FNAB) y una veintena de víctimas civiles. Un día y medio después, el portavoz de Exteriores de China, Lin Jian, expresaba la “grave preocupación” de Pekín y denunciaba que EEUU había actuado en “clara violación de la ley internacional, de las normas básicas de las relaciones internacionales y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, e instaba a “resolver los asuntos a través del diálogo y la negociación”.

Más allá de las palabras, sin embargo, en Zhongnanhai ha debido de sorprender la tenacidad de Trump para hacerse con el petróleo venezolano, y para tratar de apartar, también, mediante la intimidación militar, al gigante asiático del continente americano. A pesar de los meses previos de acumulación de fuerzas estadounidenses frente a las costas venezolanas, China no parecía esperar una acción así, en la que Trump secuestrara a Maduro para intentar “gestionar Venezuela” desde EEUU… ya no, al parecer, mediante la ocupación militar o la imposición de un gobierno títere, ni de uno democráticamente elegido aunque más favorable a sus intereses, sino mediante la voluntad de convertir en títere al propio gobierno bolivariano, que lleva un cuarto de siglo en el poder, a través de la coacción. Trump pretende que Venezuela corte sus lazos comerciales con China, Rusia, Irán y Cuba, aunque la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que está negociando con él y acaba de reunirse en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe (el mismo que estuvo supervisando, a la derecha de Trump, la operación del 3 de enero) no parece dispuesta a pasar por ahí.

Y en efecto, una cosa es llevar a cabo una operación militar puntual para descabezar un gobierno extranjero (como intentó hacerlo Rusia contra Zelensky en 2022, o como la propia China ha estado ensayando un hipotético ataque contra Taipei desde hace una década), y otra cosa es controlar y mantener estable en el tiempo un país el doble de grande que Iraq, con una industria petrolera que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, a orillas del Orinoco y del lago Maracaibo, pero también con una fuerte popularidad del chavismo, unas numerosas fuerzas armadas, en principio leales a la revolución bolivariana, y una compleja red de “colectivos ”, numerosas milicias populares capaces de movilizar a decenas de miles de paramilitares en caso de amenaza real para el régimen.

Tras el golpe de efecto de Trump del 3 de enero, su bloqueo militar del comercio marítimo, que ha llegado a la interceptación de petroleros rusos con crudo venezolano incluso en la otra punta del Atlántico, y sobre todo sus amenazas de un segundo ataque si Caracas no coopera en dejarle controlar el petróleo del país, sigue estando por ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Después de todo, dentro de las alternativas (una invasión militar, de resultado incierto; una imposición de un gobierno de la oposición al chavismo, de insuficiente sostén popular; unas elecciones supervisadas con garantías democráticas, lo que está lejos de la visión del mundo de Trump; o lo que ha hecho), el presidente estadounidense ha elegido la forma de intervención más estable, pero la realidad le ha golpeado en la cara al intentar convencer ahora a sus petroleras de que se instalen en Venezuela. Como le dijo el presidente ejecutivo de Exxon, bajo las condiciones actuales y sin unas garantías legales a futuro que hoy no existen, el país caribeño sigue siendo “no invertible”.

El shock militar inicial, así, ha mantenido la incertidumbre por el momento, pero la relación de Venezuela con China, aunque parece estar en el aire, al menos en principio sigue en vigor, y está por ver si deja de estarlo. De ocurrir eso, el gigante asiático podría verse en apuros para satisfacer su demanda energética, sobre todo con el contexto actual de inestabilidad en Irán, ya que ambos países le suministran petróleo a precios por debajo del valor de mercado, por lo que la posible respuesta económica y comercial de Pekín, que ha ido reduciendo sus inversiones en deuda estadounidense en los últimos años, pero aún controla 757.200 millones de dólares (sólo por detrás de Japón y Reino Unido), podría ser también bastante contundente.

China no está aún en condiciones de proyectar fuerza militar disuasoria más allá de su esfera de influencia en el Pacífico, pero a través de la diplomacia y el comercio, su presencia en Latinoamérica, con la que antes apenas había tenido un contacto histórico notable, se ha disparado en el último cuarto de siglo. Como explicábamos recientemente en Inteligencia Geopolítica, frente a más de un siglo de intervencionismo, injerencias e imposiciones por la fuerza de EEUU, Pekín se ha acercado a la región tratando a todos sus socios de igual a igual, presentándose como un aliado que quiere que ambas partes ganen y en las que ambas respeten la política interior del otro sin intromisiones ni lecciones paternalistas.

A eso suma unas ofertas de inversión y colaboración que vienen acompañadas de las inmejorables condiciones de financiación que pueden ofrecer los grandes bancos estatales chinos, sin competencia posible en el mundo. Siempre recuerdo la crónica que hice en 2012 sobre Kerui, una de las mayores fabricantes chinas de maquinaria petrolera, cuando esas relaciones estaban en sus primeros años. En sus instalaciones de Dongying vi imponentes equipos con la bandera de Venezuela y el logotipo de su petrolera estatal, PDVSA (con la que luego Kerui estableció varias empresas mixtas de explotación de crudo en la cuenca del Orinoco). Sus directivos me explicaron entonces que, gracias a sus inmensas reservas de divisas en dólares, el gobierno de Hu Jintao estaba animando a firmas privadas como la suya a internacionalizarse en alianza con los bancos estatales chinos, lo que les permitía ofrecer facilidades de financiación con tipos de interés de un 7% o menos, períodos de devolución de entre 2 y 8 años y posibilidades de pagarlo con tratos de comercio de petróleo y otras fórmulas financieras. Todo este tipo de lazos explican cómo se entreteje la intensa relación actual de China con Venezuela. Echémosle un vistazo partiendo de la información que maneja el propio Comité de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China del Congreso, en Washington; un parlamento, por cierto, que no fue consultado antes del acto bélico del 3 de enero, en incumplimiento de la ley federal estadounidense.

De entrada, tengamos en cuenta que Venezuela, pese a tener las mayores reservas mundiales de crudo, por ahora aporta menos del 1% de la producción mundial, debido sobre todo a las sanciones de EEUU y a sus instalaciones parcialmente obsoletas. El petróleo supone el 88% de las exportaciones venezolanas anuales y la mitad de sus ingresos fiscales. China le compra entre el 50% y el 89% de ese petróleo, aunque para el gigante asiático eso sólo supone el 4,5% de sus importaciones de crudo. Como dice el informe del Congreso, “si las exportaciones venezolanas fueran interrumpidas, China podría canalizar mezclas de crudo similares [al venezolano, que es particularmente denso y requiere refinadoras especializadas] a partir de países como Canadá, Irán e Iraq, aunque a precios más altos, lo que algunos analistas aseguran que podría ser ‘insostenible‘ para algunas refinerías chinas”. El gigante estatal chino CNPC tiene varias empresas mixtas de producción y refinado con PDVSA, y otras tres cerraron acuerdos productivos similares en 2024. Por su parte, entre sus homólogas estadounidenses, sólo Chevron está presente en el país, aunque el propio Nicolás Maduro, en su última entrevista, con el periodista español Ignacio Ramonet, dos días antes de su captura, reafirmó públicamente que los EEUU, “si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”.

A través de multitud de acuerdos como los que ofrecía Kerui, en los últimos veinte años los bancos estatales chinos han prestado más dinero a Venezuela que a cualquier otro país latinoamericano, incluido Brasil, su aliado estratégico en la región: al menos 10.000 millones de dólares. Además Venezuela es el mayor comprador de tecnología militar china en todo el continente, mientras Pekín, responsable del programa satelital venezolano, para el que ha puesto en el espacio ya tres aparatos de telecomunicaciones, ha construido y tiene acceso a dos estaciones de seguimiento satelital (El Sombrero y Luepa), y ha vendido a Caracas equipos militares como vehículos blindados, sistemas de artillería y misiles, radares móviles y aviones ligeros de entrenamiento y combate Nanchang JL- 8 y de transporte militar de medio alcance Shaanxi Y-8.

Entretanto, la inversión china directa en activos venezolanos llegó a alcanzar los 3.500 millones de dólares en 2018, pero se ha reducido hasta los 318 millones en 2024, en gran parte por las sanciones estadounidenses desde 2019 (cuando Trump reconoció a Juan Guaidó como verdadero presidente interino de Venezuela, en lugar de a Maduro, en lo que se sumó medio centenar de mandatarios de todo el mundo). Con todo, China es el segundo mayor socio comercial de Venezuela –tras EEUU–, con 6.000 millones de dólares de intercambios entre enero y noviembre pasados, aunque para China eso sólo supone el 1,2% de su comercio anual con toda Latinoamérica en ese período.

Como resultado de todo esto, Venezuela tiene con China una serie de deudas que, ya antes del 3 de enero, tenía dificultad para devolver. Para 2015 China ya le había entregado al menos 60.000 millones de dólares en préstamos apoyados en comercio de crudo para su devolución, sobre todo gracias al gigantesco Banco de Desarrollo de China (CDB, que algunos años ha llegado a superar al Banco Mundial en cuantía de préstamos de financiación del desarrollo). Con la caída de los precios del petróleo de 2016, China detuvo sus préstamos y permitió a Venezuela extender sus períodos de devolución, por lo que empezó a recibir grandes cantidades de pagos en crudo. Aun así, en 2017 Venezuela empezó a alcanzar impagos en los plazos acordados, así que dejó de publicar sus datos sobre deuda pública, aunque se estima que aún le debe al gigante asiático al menos 10.000 millones
de dólares.

En 2013, pocos meses después de la muerte de Hugo Chávez, cubrí el encuentro entre Diosdado Cabello, entonces presidente del parlamento venezolano y hoy ministro del Interior, y Han Zheng, entonces recién ascendido a secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) en Shanghai y hoy vicepresidente de la República Popular, y ambos recalcaron la voluntad, encomendada al recién establecido gobierno de Maduro por su “presidente eterno” Chávez, de estrechar las relaciones no sólo entre países, sino entre partidos, entre el PSUV y el PCCh. Visto desde occidente parece palabrería, pero desde el punto de vista chino, sobre todo, supone forjar alianzas personales y orgánicas “pase lo que pase”, más aún entre países donde, como en China, el partido está en la práctica por encima y como creador del propio Estado.

La situación actual pone en la incertidumbre el futuro de la relación entre Venezuela y China, aunque está por ver si Trump está dispuesto a asumir el coste necesario para ejercer una presión que pueda bloquearla de verdad en la práctica a largo plazo, en una asfixia mucho más perjudicial para la estabilidad en el país caribeño –la mayor reserva petrolera sin explotar y más cercana al “patio trasero” norteamericano– que para Pekín, que aunque contaba con Venezuela como base de lanzamiento para proyectar su influencia en el continente, tampoco depende de ella y encontrará otras alternativas. En cualquier caso, mientras la cooperación con el gobierno actual de Rodríguez se mantenga y la alianza China-Venezuela siga como ahora mismo –en vilo pero en vigor–, parece probable que, después de todo, esa alianza “a todo tiempo y en toda prueba”, entre dos partidos dos sistemas rodeados de adversarios políticos que se han ayudado el uno al otro, mucho y profundamente, durante todo lo que va de siglo, tal vez sea más difícil de disolver en la práctica de lo que Trump se imagina.

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José Álvarez Díaz es periodista, especialista universitario en Información Internacional y Países del Sur y antiguo corresponsal de la Agencia EFE en Shanghai (China), donde abrió y encabezó la primera oficina de agencia informativa en español de la capital económica del gigante asiático entre 2004 y 2016.