El sargazo es un tipo de macroalga marina de color marrón que flota en grandes masas sobre la superficie del océano. A diferencia de otras algas, no siempre está adherida al fondo marino, sino que puede desplazarse con las corrientes, los vientos y la temperatura del agua. En mar abierto, el sargazo cumple una función ecológica importante: sirve de refugio, alimento y zona de reproducción para peces, tortugas, crustáceos y otras especies. Por tanto, el sargazo no es en sí mismo un residuo ni una anomalía ambiental.

El problema aparece cuando llega en cantidades masivas a las costas. Al acumularse en la orilla, se descompone con rapidez, genera malos olores, altera el paisaje, dificulta el baño, afecta a la pesca y puede perjudicar la imagen turística de los destinos afectados. En ese momento, una alga con valor ecológico en alta mar se convierte en un desafío para la gestión costera. Esa doble naturaleza —recurso natural en el océano y problema cuando se acumula en las playas— es clave para entender el debate actual en torno al sargazo en República Dominicana.

El sargazo se ha convertido en uno de los desafíos ambientales, económicos y reputacionales más visibles para la República Dominicana. Su presencia en las costas no es nueva y viene desempeñando una función: en mar abierto, esta macroalga cumple funciones ecológicas relevantes, pues sirve de refugio, alimento y zona de reproducción para distintas especies marinas. El problema surge cuando las grandes concentraciones llegan a la costa, se acumulan en playas y zonas turísticas, se descomponen rápidamente y alteran la experiencia de residentes, pescadores, hoteles y visitantes. En un país cuya imagen internacional está estrechamente vinculada al litoral, el mar Caribe y el turismo de sol y playa, el sargazo es una cuestión de política pública, sostenibilidad, competitividad y adaptación climática.

La República Dominicana, además, no sufre el fenómeno de manera homogénea. No todas las playas se ven afectadas con la misma intensidad, ni el sargazo aparece con igual frecuencia durante todo el año. La zona Este, donde se concentran algunos de los principales polos turísticos del país, suele ser una de las áreas más expuestas, mientras que otras costas pueden registrar episodios menores o más irregulares. Esta diferencia territorial obliga a evitar alarmismos generalizados. El reto consiste en explicar con rigor dónde aparece el problema, cuándo se intensifica, cómo se gestiona y qué oportunidades pueden derivarse de una respuesta bien organizada.

A escala regional, el fenómeno forma parte de una dinámica más amplia. Desde 2011 se han observado llegadas masivas de sargazo en el Caribe, el Golfo de México y otras zonas del Atlántico, asociadas al llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico. Las causas no responden a un único factor: influyen las corrientes marinas, los vientos, la temperatura del océano, la disponibilidad de nutrientes, la contaminación procedente de actividades humanas y los aportes de grandes cuencas fluviales. Por eso, ningún país caribeño puede resolver por sí solo un fenómeno que se origina y se desplaza a escala oceánica. La gestión nacional es imprescindible, pero debe ir acompañada de cooperación regional, intercambio de información científica y mecanismos de financiación internacional.

El impacto más inmediato se observa en el turismo. Cuando el sargazo se acumula en la orilla, cambia la apariencia del agua, genera olores desagradables y puede afectar la percepción del destino incluso antes de que el visitante viaje, a través de fotografías, vídeos y comentarios en redes sociales. Para un sector que vende paisaje, descanso, limpieza, bienestar y experiencia, la imagen de una playa cubierta de algas tiene un coste reputacional evidente. Ahora bien, ese impacto no debe llevar a esconder el problema, sino a gestionarlo con transparencia. Informar adecuadamente, distinguir entre playas afectadas y no afectadas, reforzar la limpieza en momentos críticos y aplicar soluciones preventivas puede evitar que una dificultad ambiental se convierta en una crisis de confianza. La importancia económica del asunto es evidente: el turismo representa una parte sustancial de la economía dominicana y concentra empleo, inversión e ingresos en áreas costeras especialmente expuestas.

La pesca y las comunidades costeras también se ven afectadas. Las acumulaciones de sargazo pueden obstaculizar la salida de embarcaciones, deteriorar artes de pesca, modificar zonas de captura y generar costes adicionales para quienes dependen diariamente del mar. Además, cuando la biomasa se descompone en grandes cantidades, puede reducir la calidad del agua, disminuir el oxígeno disponible y perjudicar ecosistemas sensibles como praderas marinas, arrecifes o áreas de anidación de tortugas. La dimensión sanitaria es asimismo relevante: en determinadas condiciones, la descomposición libera gases irritantes, especialmente sulfuro de hidrógeno, que puede provocar molestias respiratorias, dolores de cabeza o náuseas en personas expuestas durante largos periodos.

República Dominicana ha trabajado en ello durante los últimos años, aunque todavía necesita mayor coordinación, continuidad y escala. El Decreto 379-23 supuso un paso relevante al situar el sargazo en la agenda institucional y abrir la puerta a políticas públicas específicas. También se han planteado iniciativas legislativas y propuestas de coordinación público-privada. Sin embargo, el gran desafío es convertir esos instrumentos en una estrategia permanente, con presupuesto, responsabilidades claras, protocolos de actuación y evaluación de resultados. El sargazo no puede tratarse como una emergencia aislada cada temporada, sino que requiere planificación anticipada, monitoreo científico, capacidad logística y alianzas con hoteles, ayuntamientos, universidades, empresas tecnológicas, pescadores y comunidades locales.

La primera línea de defensa debe ser la prevención. Retirar el sargazo cuando ya se ha acumulado sobre la arena suele ser más caro, más lento y ambientalmente más intrusivo. El uso de barreras en el mar, sistemas de recolección antes de que llegue a la playa, modelos de predicción satelital y alertas tempranas permite reducir el impacto en zonas de alto valor turístico y ecológico, pero estas soluciones deben aplicarse con criterios técnicos. Una barrera mal ubicada puede trasladar el problema a otra zona, afectar corrientes locales o perjudicar ecosistemas. Del mismo modo, la retirada mecánica en playa debe evitar la erosión, el arrastre de arena y el daño a huevos, nidos o vegetación costera. En Punta Cana y otras zonas del Caribe ya se han ensayado respuestas como barreras, barcazas y operaciones de limpieza, aunque su eficacia depende de la coordinación, el mantenimiento y la escala de aplicación.

La segunda línea de acción consiste en transformar el residuo en recurso. Lejos de ser únicamente una amenaza, el sargazo puede convertirse en materia prima para fertilizantes, compost, biogás, bioplásticos, materiales de construcción, productos cosméticos o soluciones agrícolas. Esta posibilidad es especialmente interesante para República Dominicana, porque conecta el problema costero con la innovación industrial, la economía circular y la creación de empleo. En lugar de limitarse a limpiar playas, el país puede aspirar a construir una cadena de valor basada en la recogida, transporte, clasificación, secado, tratamiento, investigación, certificación y comercialización. Para ello, es necesario atraer inversión, apoyar pilotos empresariales y crear normas que garanticen seguridad ambiental y viabilidad económica.

Aprovechar el sargazo no es tan sencillo como recogerlo y venderlo. La biomasa puede contener sal, arena, metales pesados u otros compuestos que deben analizarse antes de su uso agrícola, alimentario o industrial. También existen problemas logísticos: el sargazo llega de forma irregular, con volúmenes variables y en momentos difíciles de prever. Eso complica la rentabilidad de plantas de procesamiento que necesitan suministro estable. Por tanto, las soluciones deben basarse en controles de calidad y modelos de negocio realistas. El objetivo no debe ser prometer una industria milagrosa, sino crear un ecosistema gradual de innovación que aproveche lo viable y descarte lo inviable.

La oportunidad estratégica está precisamente en combinar gestión ambiental, protección turística e innovación productiva. República Dominicana cuenta con ventajas importantes respecto a experiencia turística, capacidad hotelera, universidades, tejido empresarial, proyección internacional y una ubicación central en el Caribe. Si se articula una política ambiciosa, puede convertirse en un laboratorio regional de soluciones frente al sargazo. Esa estrategia debería incluir un sistema nacional de monitoreo, mapas de riesgo por temporada, fondos para municipios costeros, incentivos a proyectos de valorización, cooperación con otros países afectados y campañas de comunicación dirigidas a mercados emisores de turistas. La cooperación regional ya empieza a perfilarse como una vía necesaria, como demuestra la propuesta de esfuerzos conjuntos entre México y República Dominicana para abordar el problema desde una perspectiva compartida.

También es fundamental implicar a las comunidades locales. La gestión del sargazo no puede limitarse a proteger complejos hoteleros. Los pescadores, pequeños negocios, trabajadores de playa, ayuntamientos y residentes deben formar parte de la solución. Ellos conocen los puntos críticos, detectan cambios en la costa y sufren directamente los efectos del fenómeno. Una política eficaz debe ofrecer capacitación, empleo temporal en labores de recogida segura, apoyo a proyectos comunitarios y mecanismos de compensación cuando el impacto económico sea severo. La sostenibilidad no se mide solo por la limpieza de las playas, sino por la capacidad de proteger medios de vida.

El sargazo representa un reto real para República Dominicana, pero no una condena. Bien gestionado, puede ser una oportunidad para modernizar la política ambiental, reforzar la competitividad turística y abrir nuevas líneas de innovación industrial. La clave está en pasar de la reacción a la anticipación, de la limpieza improvisada a la gestión planificada, y de la percepción de residuo a la creación de valor. El país no puede impedir por completo la llegada de sargazo a sus costas, pero sí puede decidir si lo afronta como un problema estacional o como un desafío estratégico. La diferencia entre ambas respuestas marcará el futuro de muchas playas, comunidades y sectores económicos dominicanos.

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Marcos Antonio Bisonó Esteva es vicecónsul general de la República Dominicana en La Haya, abogado de la República Dominicana, especializado en Transnational Legal Practice, litigios, resolución alternativa de conflictos nacionales e internacionales. Comenzó en septiembre del 2012 a estudiar derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en Santo Domingo, República Dominicana. En el 2015 se trasladó a realizar su LL.M., en Transnational Legal Practice, en Saint John’s University, en el condado de Queens, Nueva York, finalizado en junio de 2016. En noviembre del 2019 se gradúa de la licenciatura en Derecho. En junio 2025 se graduó del Máster Universitario en Derecho Deportivo impartido por la Universidad Europea de Madrid.  

Durante su carrera ha trabajado en entidades bancarias, oficinas de abogados y equipos deportivos.