El contexto de un conflicto recurrente

Desde finales del siglo XX, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha visto marcada por una compleja interacción de intereses económicos, tensiones ideológicas y estrategias de seguridad hemisférica. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 inauguró una era de confrontación abierta, caracterizada por la retórica antiimperialista, la nacionalización de industrias clave (especialmente la petrolera) y la alineación de Caracas con actores como Rusia, China e Irán. Tras la muerte de Chávez en el año 2013, Nicolás Maduro heredó un país en crisis: hiperinflación, colapso de servicios básicos, migración masiva y una economía dependiente de la exportación de crudo.

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2024 reintrodujo una política exterior agresiva hacia gran parte de “enemigos comerciales estadounidenses”. Pero fue especial la mención de Venezuela como blanco prioritario.

El 15 de octubre del 2025, Trump anunció públicamente la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Estas son justificadas dentro de la operación contra el narcotráfico transnacional que lleva gestándose desde hace más de un mes en las aguas del Caribe. Esta declaración no solo representó una escalada sin precedentes en la presión sobre el régimen de Maduro, sino que reavivó debates sobre la legalidad de las intervenciones encubiertas, el derecho internacional y el equilibrio de poder en la región.

El anuncio de Trump se produjo en un contexto de creciente militarización del Caribe, donde la presencia de buques y aviones estadounidenses se había intensificado desde el 2023. Según informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica y Estados Unidos había aumentado un 40% entre el 2022 y el 2025 (con rutas marítimas y aéreas controladas por grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua). Sin embargo, la falta de pruebas que vinculen directamente a Maduro con estas actividades generó escepticismo entre analistas, quienes interpretaron la medida como una estrategia de presión política con intereses económicos más que una respuesta basada en evidencia contundente sobre la defensa de la salud pública estadounidense con relación al efecto de las drogas en su territorio.

La autorización de operaciones encubiertas: evolución del paradigma en la Política Exterior estadounidense

La decisión de Trump de permitir operaciones encubiertas en Venezuela no fue un hecho aislado, sino el resultado de una evolución en la doctrina de seguridad nacional de su administración. Desde su primer mandato (2017-2021), Donald Trump había adoptado una postura beligerante hacia el gobierno de Maduro, imponiendo sanciones económicas, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino en 2019 y apoyando abiertamente intentos de cambio de régimen (como la Operación Gideon en 2020).

Sin embargo, la autorización del 2025 marca un punto de inflexión: por primera vez, Estados Unidos admite abiertamente la posibilidad de acciones directas en suelo venezolano.

La justificación oficial de la administración Trump se centra, como ya se ha mencionado anteriormente, en la lucha contra el narcotráfico. Pero analistas como Mark Feierstein (exasesor del Departamento de Estado), señala que la verdadera misión es debilitar la estabilidad del régimen de Maduro mediante una combinación de presión militar, económica y psicológica. Tal estrategia se inscribe en una operatividad de cambio del régimen para posicionar un gobierno favorable a Estados Unidos, que responde a la necesidad de acceso a recursos estratégicos como el petróleo para la maquinaria logística estadounidense.

Nicolás Maduro: entre la resistencia, la represión y la legitimidad cuestionada

Llegados a este punto, es obvio destacar que el régimen de Maduro es un estatuto represivo, autárquico y antidemocrático. El problema en relación con ello no es tanto la caracterizaciónt teórica de las políticas venezolanas y estadounidenses, sino como un régimen narco-nacionalista y otro oligo-capitalista pueden escalar la situación hacia caminos desestabilizantes para el resto de la región (y la población civil).

De esta forma, ante las amenazas estadounidenses, Nicolás Maduro respondió con una combinación de retórica beligerante y movilización interna. En un discurso transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro calificó las acciones de la CIA como un intento de golpe de Estado encubierto y ordenó el despliegue de tropas en zonas fronterizas, así como la activación de milicias civiles leales al chavismo.

La estrategia de Maduro para mantenerse en el poder se ha basado en 3 pilares:

• Control de las instituciones clave: Desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta la Asamblea Nacional, pasando por las Fuerzas Armadas, Maduro ha asegurado la lealtad de los actores institucionales mediante una combinación de recompensas económicas y represión selectiva.
• Alianzas internacionales: El apoyo de Rusia (que ha desplegado asesores militares y equipos de inteligencia en Venezuela) y China (principal acreedor del país) ha sido fundamental para contrarrestar la presión estadounidense. Además, el régimen ha fortalecido sus lazos con Irán, que ha proporcionado tecnología para eludir sanciones y apoyo logístico.
• Movilización social: A través de programas como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Maduro ha intentado mantener un mínimo de apoyo popular, aunque la crisis humanitaria (con más de 7 millones de migrantes venezolanos desde el 2015) ha erosionado su base social.

Sin embargo, la legitimidad de Maduro sigue siendo frágil. Las elecciones de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición y observadores internacionales, dejaron al país en un estado de polarización extrema. Mientras sectores de la clase media y alta apoyan abiertamente un cambio de régimen, las zonas rurales y barrios populares ven en Maduro un mal menor frente a la amenaza de una intervención extranjera.

Implicaciones geopolíticas: un conflicto con actores globales

La crisis entre Estados Unidos y Venezuela no es un asunto bilateral, sino un tablero geopolítico donde intervienen potencias como Rusia, China e Irán, así como actores regionales como Colombia, Brasil y Cuba.

El Papel de Rusia y China

Desde 2019, Rusia ha aumentado su presencia en Venezuela, enviando asesores militares, equipos de inteligencia y apoyo logístico. La empresa estatal Rosneft, antes de las sanciones, fue clave en el comercio de petróleo venezolano, y aunque su participación se ha reducido, Moscú sigue siendo un aliado estratégico para Maduro. Por su parte, China ha mantenido su apoyo económico, aunque con mayor cautela. Pekín ha renegociado deudas y proporcionado tecnología para eludir sanciones, pero ha evitado un compromiso militar directo.

La división en América Latina

La región se encuentra dividida. Mientras Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha intentado mantener un equilibrio entre la presión antinarcóticos y el diálogo, otros países como Brasil (antes de Lula, con Jair Bolsonaro) han apoyado abiertamente a Trump. En contraste, México (bajo Claudia Sheinbaum) ha llamado a una solución diplomática, y Argentina (con Javier Milei) ha adoptado una postura más crítica hacia Maduro, aunque sin respaldar acciones militares.

El riesgo de una guerra proxy

Venezuela podría convertirse en un nuevo escenario de confrontación indirecta entre Estados Unidos y Rusia/China. Si Washington aumenta la presión militar, Moscú y Pekín podrían responder con un mayor apoyo logístico y de inteligencia a Maduro, replicando el modelo de Siria. Esto sugiere que cualquier escalada militar directa podría tener repercusiones más amplias, convirtiendo a Venezuela en un tablero de juego geopolítico donde se enfrentan intereses globales y regionales.

Conclusiones y perspectivas

La crisis humanitaria en Venezuela en 2025 sigue siendo crítica, con millones de personas afectadas por la migración masiva, la violencia y la represión política. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país desde el 2015 (buscando refugio principalmente en Colombia, Perú y Ecuador), mientras que en 2025 alrededor de 21.000 migrantes venezolanos retornaron a Suramérica desde Estados Unidos. Las comunidades fronterizas con Colombia y Brasil se encuentran particularmente tensionadas, con servicios básicos saturados y conflictos locales exacerbados por la llegada constante de desplazados.

A esta situación se suma la represión interna: Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, especialmente tras las elecciones de 2024, y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU ha señalado que estas acciones constituyen graves violaciones del derecho internacional.

Al mismo tiempo, la política estadounidense ha ejercido una presión constante sobre el país mediante sanciones económicas, apoyo a la oposición y estrategias de golpes blandos, incluyendo operaciones encubiertas de la CIA destinadas a desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, y fomentar fracturas internas dentro de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. La Cruz Roja, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha atendido en 2025 a más de 184.000 personas a través de proyectos de salud, agua y saneamiento. Pero la inseguridad, la falta de recursos y las restricciones operativas dificultan una respuesta efectiva.

Este escenario revela que, más allá de la confrontación geopolítica, las acusaciones de narcotráfico y la presión internacional, la población venezolana sigue siendo la más afectada, enfrentando un colapso de servicios esenciales, desplazamientos forzados y una vulnerabilidad extrema que exige atención urgente de la comunidad internacional.